Grupos de refugiados condenan el plan conservador de remover jueces de apelaciones de asilo

Los grupos de refugiados y abogados han descrito las propuestas conservadoras para despojar a los jueces de sus poderes para decidir sobre las apelaciones de los solicitantes de asilo contra deportaciones como "un ataque al concepto de justicia y igualdad ante la ley".

En un discurso el martes, Chris Philp, el secretario de seguridad en la sombra, dijo que un gobierno conservador se retiraría del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y aboliría el sistema de tribunales judiciales que los solicitantes utilizan para apelar contra su expulsión.

Las decisiones de inmigración se tomarían en cambio por el Ministerio del Interior, dijo Philp, lo que permitiría a los migrantes una apelación interna rápida. Los conservadores también eliminarían la asistencia legal para todos los casos de inmigración, dijo.

La política ha desanimado a los defensores de los derechos humanos y abogados. Sile Reynolds, la jefa de defensa del asilo en Freedom from Torture, dijo: “Las propuestas de Philp son nada menos que un ataque al concepto de justicia y igualdad ante la ley.

“Para [los sobrevivientes de tortura] y todos aquellos que buscan protección, las consecuencias de una decisión errónea pueden ser fatales. El proceso de apelación independiente y el acceso a asesoría legal efectiva son salvaguardas cruciales que impiden que el gobierno los devuelva erróneamente a las manos de sus torturadores.”

Imran Hussain, el director de asuntos externos del Consejo de Refugiados, dijo que las propuestas eliminarían las salvaguardas democráticas. “Ningún gobierno británico debería estar libre de calificar su propia tarea cuando se trata de personas que cuestionan acciones ilegales”, dijo.

Mark Evans, el presidente de la Sociedad de Leyes de Inglaterra y Gales, dijo que eliminar los tribunales de inmigración quitaría toda supervisión independiente. “Este derecho es central a nuestro sistema de justicia y esencial para aquellos de nosotros que buscamos seguridad. Los jueces solo pueden actuar dentro de la ley y acusarlos de sesgo cuando no pueden responder es dañino e injusto”, dijo.

La Asociación de Abogados de Inmigración (ILPA) acusó a Philp de “fomentar un clima de hostilidad” hacia los abogados y el poder judicial.

“Una profesión legal y un poder judicial independientes son fundamentales para nuestra democracia... Por lo tanto, estamos extremadamente preocupados de que una vez más, políticos de alto nivel parecen estar fomentando un clima de hostilidad hacia los practicantes de inmigración y jueces”, dijo.

En un discurso al grupo de pensamiento de derecha Policy Exchange, Philp dijo que el Reino Unido había “creado un sistema legal en inmigración que otorga un poder casi ilimitado a los jueces para decidir casos individuales de inmigración y también el poder de dar forma a cómo opera todo el sistema a través de la jurisprudencia”.

Criticó al poder judicial, diciendo que algunos miembros habían trabajado con “activistas de fronteras abiertas”, y destacó a un juez.