Tarifas de transporte público en alza: señales de una movilidad urbana en transición

El ajuste en Morelos expone la tensión estructural entre sostenibilidad operativa y acceso equitativo en los sistemas de transporte concesionado

Morelos formaliza un incremento en la tarifa del transporte público con itinerario fijo, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026. A partir de esa fecha, los usuarios pagarán 13 pesos por viaje, tres pesos más que la tarifa vigente de 10 pesos establecida desde 2021. La medida fue publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad e incluye, además del ajuste tarifario, un conjunto de obligaciones de modernización tecnológica, seguridad vial y accesibilidad para los concesionarios del sistema estatal.

El decreto que respalda la decisión documenta el deterioro acumulado en la estructura de costos del sector: combustibles, lubricantes, neumáticos, refacciones, seguros, servicios tecnológicos y el impacto de los incrementos al salario mínimo entre 2022 y 2026 figuran entre los factores determinantes. La Coordinación General de Movilidad y Transporte argumentó que sin este ajuste, la sostenibilidad financiera de los concesionarios —y con ella los estándares mínimos de operación segura— quedaba comprometida. Cabe señalar que los operadores habían solicitado una tarifa de 15 pesos, propuesta que fue descartada tras un análisis de viabilidad social y económica que consideró el impacto en las familias morelenses que dependen del transporte colectivo como su principal medio de desplazamiento.

Más allá del ajuste numérico, el acuerdo introduce un esquema de tarifas diferenciadas que refleja una tendencia creciente en las políticas de movilidad urbana: la incorporación de criterios de equidad en el acceso al transporte. Los concesionarios deberán garantizar exención total para menores de tres años y personas con discapacidad, descuento del 50% para adultos mayores, y subsidios para estudiantes conforme a la normativa vigente. Para los estrategas de movilidad y los tomadores de decisiones en gobiernos estatales, este caso ilustra la tensión estructural que enfrentan los sistemas de transporte concesionado en México: la necesidad de actualizar tarifas rezagadas sin erosionar el acceso de los segmentos más vulnerables, en un contexto donde la inflación acumulada y la presión salarial hacen insostenible el congelamiento tarifario prolongado.