Tarifas de transporte público en Morelos suben a 13 pesos: qué implica para usuarios y operadores
El ajuste tarifario, el primero desde 2021, responde al alza acumulada en costos operativos y establece obligaciones de modernización para los concesionarios
Morelos formaliza un incremento en la tarifa del transporte público con itinerario fijo que entrará en vigor el 1 de julio de 2026. A partir de esa fecha, los usuarios pagarán 13 pesos por viaje en las rutas que operan dentro de la entidad, según lo publicado en la edición extraordinaria del Periódico Oficial Tierra y Libertad. El ajuste representa un aumento de tres pesos sobre la tarifa vigente de 10 pesos, que se mantenía sin cambios desde 2021.
Según el decreto emitido por la Coordinación General de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, la medida responde al encarecimiento acumulado de insumos críticos para la operación del servicio: combustibles, lubricantes, neumáticos, refacciones, seguros, contribuciones fiscales y servicios tecnológicos. A estos factores se suma el impacto de los incrementos al salario mínimo y la inflación registrada entre 2022 y 2026, que han deteriorado la estructura financiera de los concesionarios. El acuerdo advierte que, sin este ajuste, la sostenibilidad económica del sistema y el cumplimiento de estándares de seguridad vial y modernización tecnológica habrían quedado comprometidos. Cabe señalar que los operadores habían solicitado una tarifa mínima de 15 pesos; sin embargo, el análisis gubernamental determinó que esa cifra resultaba inviable desde una perspectiva social, dado el peso que representa el transporte colectivo en el gasto de las familias morelenses.
Más allá del ajuste en el precio del pasaje, el decreto establece obligaciones concretas para concesionarios y operadores en materia de accesibilidad y equidad. Quedan exentos del pago los menores de tres años y las personas con discapacidad; los adultos mayores accederán a un descuento del 50 por ciento, y los estudiantes recibirán subsidios conforme a la normativa vigente. Las unidades deberán exhibir de forma visible tanto la nueva tarifa como los descuentos autorizados. Para los estrategas de movilidad urbana y los inversionistas en infraestructura de transporte, este caso ilustra una tensión estructural recurrente en América Latina: la dificultad de mantener tarifas socialmente accesibles frente a costos operativos crecientes, y la necesidad de esquemas de subsidio y modernización tecnológica que permitan equilibrar viabilidad financiera con cobertura universal.
