Reforma eléctrica en Honduras: entre la modernización del sector y la soberanía estatal

Sectores civiles exigen transparencia y consulta amplia antes de modificar el marco legal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Voces del sector civil hondureño elevan la alerta ante el ritmo con que avanza la discusión de reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica. La Confraternidad Evangélica de Honduras emitió un pronunciamiento en el que advierte que aprobar cambios legislativos de forma apresurada, sin un debate inclusivo y suficientemente documentado, podría comprometer el carácter estatal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y, con ello, el control soberano del país sobre un recurso estratégico. El llamado pone sobre la mesa una tensión que no es exclusiva de Honduras: cómo modernizar infraestructuras públicas críticas sin ceder activos ni autoridad regulatoria a actores privados.

La ENEE ha sido durante décadas el eje del sistema eléctrico nacional, sustentada en inversiones estatales en proyectos hidroeléctricos y redes de distribución. Sin embargo, la empresa arrastra hoy déficits técnicos, administrativos y financieros que se traducen en cortes frecuentes, tarifas elevadas y una competitividad deteriorada para atraer inversión extranjera. Este diagnóstico, lejos de ser un argumento para la privatización, es interpretado por la Confraternidad como razón suficiente para exigir que cualquier reforma fortalezca la institucionalidad del sector, no que la debilite. La organización subraya que la ENEE y las entidades vinculadas al suministro energético deben considerarse activos de seguridad nacional, dado su peso en el crecimiento económico y en el acceso equitativo a servicios básicos, especialmente para hogares de menores ingresos.

Ante el Congreso Nacional y el Ejecutivo, la Confraternidad plantea tres condiciones concretas: que el Estado hondureño conserve la propiedad de los activos y la autoridad legal sobre generación, transmisión, distribución, regulación y supervisión del sistema eléctrico; que se amplíen los espacios de consulta ciudadana para incorporar perspectivas académicas, empresariales y sociales; y que el Gobierno entregue información clara y verificable sobre la situación operativa y financiera de la ENEE antes de avanzar en la aprobación de cambios. Este enfoque refleja una tendencia documentada por organismos como la CEPAL, que señala que las reformas energéticas con mayor probabilidad de éxito en América Latina son aquellas que combinan apertura a la participación privada con marcos regulatorios robustos y propiedad pública de infraestructura crítica. El debate hondureño, en ese sentido, no es un caso aislado: es un termómetro de las tensiones que definirán la gobernanza energética regional en los próximos años.