Zonas de bajas emisiones aceleran la transición hacia movilidad eléctrica en ciudades

Datos de Madrid muestran cómo la regulación ambiental urbana remodela mercados de movilidad y ofrece señales para América Latina

Regulación ambiental urbana y cambio de comportamiento en movilidad no siempre van de la mano de forma lineal, pero los datos de Madrid ofrecen una señal difícil de ignorar: desde la implementación de zonas de bajas emisiones (ZBE) en la región, la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos creció un 612%, pasando de 53,820 unidades en el año previo a la ZBE a 382,980 en 2024. Este salto no ocurrió en el vacío: estuvo acompañado de mejoras en infraestructura de carga, bonificaciones fiscales y —de manera relevante— un sistema de multas cuya recaudación acumulada superó los 105 millones de euros entre 2022 y marzo de 2025, concentrada principalmente en la capital española.

Más allá de Madrid, el fenómeno muestra comportamientos heterogéneos que resultan instructivos para cualquier estratega de movilidad o política pública. Rivas-Vaciamadrid registró un aumento del 185% en ventas de vehículos de bajas emisiones, mientras que Alcalá de Henares creció un 52%. Fuenlabrada, en contraste, presentó un retroceso del 41%, lo que evidencia que la regulación por sí sola no garantiza resultados uniformes sin condiciones habilitadoras complementarias. El transporte público, por su parte, prácticamente duplicó su demanda en el período analizado, con un incremento del 100%, y la movilidad en bicicleta también avanzó: 8.7% en Alcalá de Henares y 7.2% en Fuenlabrada. Este patrón multimodal sugiere que las ZBE funcionan como catalizadores de ecosistemas de movilidad, no solo como restricciones al automóvil privado.

Para los tomadores de decisiones en México y América Latina, donde varias ciudades evalúan esquemas similares de restricción vehicular, el caso madrileño ofrece un marco de referencia con matices importantes. Primero, el antecedente regulatorio importa: el lanzamiento de Madrid Central en un ciclo político anterior ya había generado un alza del 93% en ventas de vehículos híbridos, eléctricos y a gas en el primer trimestre de 2019, lo que indica que la acumulación de señales regulatorias construye expectativas de mercado. Segundo, la coherencia institucional es crítica: la nulidad judicial de los componentes esenciales de la ZBE general de Madrid —confirmada en abril tras la inadmisión de un recurso de casación— muestra que la incertidumbre legal puede erosionar la confianza de consumidores e inversores en infraestructura de movilidad. Tercero, la medición sistemática sigue siendo una deuda pendiente: de los diecinueve ayuntamientos consultados en la región, solo diez contaban con una ZBE vigente y datos evaluables hasta marzo de 2024, lo que limita la capacidad de aprendizaje colectivo. Según el Foro Económico Mundial, las ciudades que combinan restricciones de acceso con incentivos positivos y datos abiertos logran transiciones de movilidad más rápidas y con menor resistencia social, un principio que el caso español confirma de forma parcial pero contundente.