Cambios normativos de último minuto generan incertidumbre en contrataciones públicas
Nuevas directivas sobre arbitraje, inversiones y presupuesto complican el panorama regulatorio antes del cambio de administración
Modificaciones normativas emitidas en los últimos días de una administración están generando turbulencia en el ecosistema de inversiones públicas e infraestructura. Entre julio y agosto se aprobaron tres disposiciones que alteran significativamente las reglas de juego para contrataciones, resolución de disputas y gestión de proyectos públicos. La aprobación de la…
Modificaciones normativas emitidas en los últimos días de una administración están generando turbulencia en el ecosistema de inversiones públicas e infraestructura. Entre julio y agosto se aprobaron tres disposiciones que alteran significativamente las reglas de juego para contrataciones, resolución de disputas y gestión de proyectos públicos.
La aprobación de la Directiva 004-2025 sobre Registro de Instituciones Arbitrales introduce requisitos que han generado fricción con sectores empresariales. Cámaras de Comercio han cuestionado disposiciones que establecen estándares de infraestructura física —como metrajes mínimos para baños y cocinas— argumentando que estas exigencias no correlacionan con la calidad técnica de los servicios arbitrales y podrían restringir la competencia en mecanismos de resolución de conflictos. Esta medida afecta directamente la capacidad de las instituciones para participar en controversias relacionadas con obras públicas, limitando opciones para inversionistas.
Simultáneamente, el nuevo Reglamento del Decreto Legislativo 1252 sobre Programación Multianual de Inversiones introduce cambios en criterios de evaluación de proyectos públicos, particularmente en categorías de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición. Estos ajustes requieren el desarrollo de directivas complementarias, generando un período de incertidumbre regulatoria. La Ley 32732, aprobada días después, autoriza crédito suplementario destinado tanto a inversiones públicas como a incrementos en gasto corriente de entidades públicas. Un cambio institucional relevante en esta ley es la eliminación de la opinión vinculante de organismos reguladores en contratos de Asociaciones Público Privadas, modificando estructuras de gobernanza que han caracterizado la infraestructura pública durante años.
Esta acumulación de cambios normativos genera un efecto compuesto de incertidumbre jurídica. La inestabilidad afecta múltiples dimensiones: financiamiento de proyectos, aplicación de criterios técnicos, continuidad institucional y prioridades de ejecución en los tres niveles de gobierno. El cambio de liderazgos administrativos amplifica estos riesgos, ya que nuevos equipos técnicos deberán interpretar normas recientes mientras evalúan si mantenerlas, modificarlas o revertirlas. Contextos de urgencia —como la preparación ante fenómenos climáticos extremos— requieren marcos regulatorios estables, no acumulación de cambios de última hora.
La pregunta estratégica que emerge es si futuras administraciones podrán adoptar un enfoque de continuidad institucional o si verán necesario revertir estas disposiciones. La práctica de emitir cambios normativos significativos en períodos de transición política ha demostrado históricamente generar costos económicos: retrasos en proyectos, litigios, renegociaciones contractuales y erosión de confianza institucional. Para inversionistas y ejecutores de proyectos públicos, este escenario representa un período de espera estratégica hasta que se clarifique la dirección regulatoria de la nueva administración.
