Contaminación transfronteriza: cómo el tratado comercial se convierte en palanca ambiental

Organizaciones civiles presionan por sanciones económicas en el T-MEC para frenar descargas de aguas residuales en la frontera México-Estados Unidos

Diecisiete organizaciones de la sociedad civil han escalado la presión sobre gobiernos y organismos comerciales internacionales, exigiendo la incorporación de sanciones económicas severas en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para enfrentar la contaminación del río Tijuana. Esta estrategia representa un cambio significativo en cómo…

Diecisiete organizaciones de la sociedad civil han escalado la presión sobre gobiernos y organismos comerciales internacionales, exigiendo la incorporación de sanciones económicas severas en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para enfrentar la contaminación del río Tijuana. Esta estrategia representa un cambio significativo en cómo se vinculan los acuerdos comerciales con la protección ambiental, transformando los mecanismos de enforcement comercial en herramientas de política ambiental.

La crisis es cuantificable: aproximadamente 25 millones de galones de aguas residuales crudas cruzan la frontera diariamente, según datos de líderes ambientales de la región. La Planta de Tratamiento de San Antonio de Los Buenos, ubicada en el lado mexicano, permanece inoperativa, lo que ha convertido el río en un conducto de contaminación que desemboca directamente en el Océano Pacífico, causando cierres recurrentes de playas en más de 20 kilómetros de costa. Esta situación afecta tanto la salud pública como la actividad económica de comunidades en ambos lados de la frontera, incluyendo el condado de San Diego.

La propuesta específica busca modificar el Capítulo 24 del T-MEC para establecer fondos permanentes dedicados al tratamiento de aguas residuales, con un mecanismo de multas basado en volumen: un dólar por galón de agua cruda descargada. Los fondos recaudados financiarían la construcción y operación de plantas de tratamiento. Expertos en comercio transfronterizo han validado la viabilidad de estas medidas, señalando que las rondas de diálogo previstas para 2026 ofrecen una ventana de oportunidad para establecer estándares ambientales más rigurosos dentro del marco comercial.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha emitido advertencias sobre la posibilidad de ejercer presión regulatoria si no se implementan acciones concretas. Esta convergencia de actores —organizaciones civiles, agencias ambientales, expertos transfronterizos y figuras políticas influyentes en California— sugiere que la contaminación del río Tijuana ha trascendido el nivel de crisis local para convertirse en un asunto de política comercial internacional. La pregunta de fondo que enfrentan los gobiernos es si el libre comercio puede coexistir con la degradación ambiental sistemática, o si los tratados comerciales deben incorporar mecanismos de sanción ambiental como condición de su continuidad.