Crisis de servicios de agua impulsa propuestas de modelo cooperativo sin fines de lucro

Legisladores y autoridades locales plantean alternativa a nacionalización para empresas en dificultades

Frente a la crisis financiera y ambiental que enfrenta el sector de servicios de agua, diputados y alcaldes regionales han presentado una propuesta alternativa centrada en la transformación de empresas problemáticas en cooperativas gestionadas por comunidades locales, sin fines de lucro. Esta iniciativa surge como respuesta a los cuestionamientos sobre…

Frente a la crisis financiera y ambiental que enfrenta el sector de servicios de agua, diputados y alcaldes regionales han presentado una propuesta alternativa centrada en la transformación de empresas problemáticas en cooperativas gestionadas por comunidades locales, sin fines de lucro. Esta iniciativa surge como respuesta a los cuestionamientos sobre la viabilidad fiscal de la nacionalización, que según proyecciones del Tesoro incrementaría significativamente la deuda pública.

Procupación central en esta propuesta es el desempeño ambiental y financiero del sector. Las empresas de agua han sido criticadas por verter aguas residuales en cuerpos de agua, realizar inversiones insuficientes en infraestructura y aumentar tarifas a usuarios sin justificación. El modelo cooperativo busca eliminar el riesgo de deuda pública mientras establece un control comunitario sobre servicios esenciales. Un informe de la Fundación Good Growth respalda esta aproximación, demostrando que modelos mutualizados pueden mejorar la gobernanza y la responsabilidad ambiental.

La implementación inicial podría enfocarse en empresas que enfrentan colapso financiero. Según las recomendaciones, el sector estaría sujeto a regulaciones más estrictas, incluyendo monitoreo riguroso, restricciones en compensación ejecutiva y prohibición de dividendos a menos que se cumplan objetivos de desempeño específico. Las empresas que no cumplan entrarían en un régimen de administración especial (SAR), con un mecanismo de 'rescate interno' donde accionistas y acreedores asuman costos de fracasos en lugar de contribuyentes. Aquellas que logren salir del SAR estarían obligadas a operar como cooperativas sin fines de lucro, no como entidades vendidas al mejor postor.

Esta transformación estructural refleja un cambio más amplio en cómo gobiernos y comunidades cuestionan modelos de privatización de servicios esenciales. Al vincular gobernanza local con responsabilidad ambiental, el modelo cooperativo propone realinear incentivos: en lugar de maximizar retornos para accionistas, las cooperativas priorizan inversión en infraestructura, cumplimiento ambiental y acceso equitativo. Autoridades locales argumentan que el agua, como servicio público fundamental, requiere gobernanza alineada con intereses comunitarios a largo plazo, no con ciclos de rentabilidad financiera.