Regulación de vehículos eléctricos ligeros genera conflicto entre autoridades y usuarios en Perú
Ambigüedad normativa en ciclovías genera multas arbitrarias; proponen registro municipal con código QR
Propietarios de motos eléctricas y vehículos de movilidad personal enfrentan un escenario regulatorio confuso en Perú tras cambios normativos que entran en vigor en agosto de 2026. Organizaciones del sector señalan que la falta de claridad en la clasificación de estos vehículos y la imposibilidad práctica de verificar sus especificaciones…
Propietarios de motos eléctricas y vehículos de movilidad personal enfrentan un escenario regulatorio confuso en Perú tras cambios normativos que entran en vigor en agosto de 2026. Organizaciones del sector señalan que la falta de claridad en la clasificación de estos vehículos y la imposibilidad práctica de verificar sus especificaciones técnicas en campo está generando sanciones inconsistentes y potencialmente arbitrarias.
La distinción regulatoria entre vehículos de movilidad personal (VMP) y motocicletas eléctricas constituye el núcleo del conflicto. Los VMP —patinetes eléctricos, scooters, bicicletas eléctricas y bicimotos— con velocidad máxima de fábrica no superior a 25 km/h pueden circular en ciclovías sin requisitos de documentación, placa, SOAT ni licencia. Sin embargo, cualquier unidad que supere este umbral debe cumplir con la normativa de motocicletas tradicionales, incluyendo tarjeta de propiedad, placa y documentación. El problema radica en que no existe mecanismo visible para que agentes de tránsito verifiquen instantáneamente si un vehículo respeta el límite de velocidad permitido, creando un espacio de discrecionalidad que favorece interpretaciones contradictorias de la ley.
Este vacío operativo ha motivado propuestas de formalización voluntaria. Se sugiere que propietarios de VMP registren sus unidades ante municipalidades mediante un proceso simplificado: presentación de DNI y especificaciones técnicas para obtener un código QR identificador. Este sistema permitiría a autoridades verificar instantáneamente la categoría del vehículo y sus requisitos asociados, reduciendo la arbitrariedad en la aplicación de sanciones. La propuesta incluye capacitación de funcionarios municipales y policía nacional para escanear e interpretar estos códigos.
Desde la perspectiva de política pública, el caso peruano refleja un dilema común en regulaciones de movilidad urbana emergente: la velocidad de adopción tecnológica supera la capacidad de fiscalización estatal. Mercados como Colombia, México y Chile enfrentan desafíos similares con patinetes y bicicletas eléctricas. La solución peruana —registro digital descentralizado con código QR— representa un modelo de cooperación entre autoridades municipales, fuerzas de seguridad y usuarios que podría replicarse en otras jurisdicciones. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política para consensuar una codificación clara de infracciones y garantizar capacitación uniforme en la aplicación de la norma, evitando que la discrecionalidad persista bajo nuevas formas.
