Siete figuras públicas, incluido el Duque de Sussex, deberán abonar £9.54 millones al editor de un medio británico tras una decisión judicial que desestimó sus acusaciones de obtención ilegal de información. El pago inicial debe realizarse antes del próximo viernes, según la orden emitida por el juez a cargo del caso. La sentencia abre la puerta a una reclamación total de hasta £34.5 millones en costos legales, aunque el magistrado calificó esa cifra como "excesiva". El grupo de demandantes, que incluye personalidades como Sir Elton John y su esposo David Furnish, Sir Simon Hughes, Sadie Frost, Liz Hurley y la Baronesa Doreen Lawrence, contaba con un seguro que cubre hasta £16.2 millones de los costos de defensa del medio. Sin embargo, la diferencia no cubierta podría representar una carga financiera aproximada de £18 millones adicionales para los involucrados. El juez criticó severamente la estrategia legal de los demandantes, calificando sus reclamos como "irrazonables en alto grado". Destacó que era "llamativo" que ninguna de las acusaciones de conducta indebida grave hubiera sido retirada voluntariamente, a pesar de que la base probatoria ya no sustentaba mantenerlas. En sus declaraciones, el magistrado señaló que una reclamación de costos superior a £34 millones plantea "preocupaciones reales sobre si todos los costos ahora reclamados fueron razonablemente incurridos y son razonables en cantidad". La decisión refleja una tendencia en los litigios de privacidad de alto perfil: los tribunales británicos están siendo más rigurosos al evaluar la viabilidad de casos antes de permitir que avancen. El rechazo de las acusaciones el 7 de julio marca un punto de inflexión en disputas que han generado debates sobre los límites entre privacidad personal y libertad de prensa. Los demandantes tienen hasta el 2 de octubre para presentar una apelación, lo que podría prolongar significativamente este litigio. Esta sentencia también establece un precedente importante respecto a cómo los tribunales calculan los costos recuperables en casos desestimados. Al rechazar imponer un límite específico a los costos de ANL pero permitiendo que se calculen sobre una base de indemnización, el juez ha creado un marco que favorece sustancialmente al demandado en futuras disputas de naturaleza similar.