Gobiernos de economías emergentes están recurriendo a modificaciones en impuestos sobre transferencias electrónicas como herramienta de estabilización fiscal ante presiones externas. República Dominicana implementó en julio un aumento en la tasa del gravamen a transferencias electrónicas, elevándola del 0.15% al 0.20%, generando un incremento de recaudación del 69.1% respecto al mismo período del año anterior.
La recaudación por este tributo alcanzó 2,622.1 millones de pesos en julio, superando la meta presupuestada en 102.3% de cumplimiento. Este desempeño convierte al impuesto sobre transferencias electrónicas en el tercer rubro de mayor crecimiento absoluto dentro de los ingresos tributarios, solo superado por el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, así como el impuesto sobre la renta de personas físicas. El incremento de 1,071.2 millones de pesos respecto a julio del año anterior refleja tanto el aumento de la tasa como la expansión de la base gravable derivada del crecimiento en operaciones digitales.
Esta estrategia forma parte de un plan de mitigación de crisis implementado por gobiernos para contrarrestar presiones económicas internacionales. La reforma fiscal, presentada como parte de modificaciones al Código Tributario, proyecta captar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos adicionales anuales. Paralelamente, se incrementó la contribución de salida para pasajeros de 20 a 30 dólares, aunque esta medida registró un cumplimiento del 86.6% respecto a la meta establecida, generando 1,066.4 millones de pesos en julio.
La implementación de estas medidas refleja una tendencia más amplia en mercados emergentes: la digitalización de pagos ha ampliado significativamente la base gravable de impuestos sobre transferencias electrónicas, permitiendo a gobiernos capturar ingresos con menor evasión que en sistemas tradicionales. Sin embargo, tasas más altas pueden afectar la velocidad de circulación monetaria y la competitividad de sectores intensivos en transacciones. El marco legal que respalda estas medidas, la Ley 30-26 de Medidas Pro Crecimiento Económico, también contempla aumentos temporales en el impuesto sobre la renta para grandes empresas con ingresos superiores a 1,000 millones de pesos anuales, señalando un enfoque de distribución de la carga tributaria hacia segmentos de mayor capacidad contributiva.
