Incumplir compromisos de accesibilidad documentados genera consecuencias legales significativas para operadores de transporte, según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Galicia al respaldar a la Comisión Gallega de la Competencia en un caso que expone las vulnerabilidades regulatorias en la aplicación de políticas inclusivas.
En julio de 2022, una naviera gallega se comprometió formalmente a implementar descuentos para personas con discapacidad igual o superior al 33% y sus acompañantes, como parte de un acuerdo sectorial para mejorar la atención en rutas hacia destinos turísticos. Sin embargo, durante la revisión de cumplimiento, se constató que la política no existía en canales públicos: ni en el sitio web ni en información accesible al cliente. Aunque la empresa argumentó que aplicaba descuentos mediante correo electrónico comercial y presentó un tarifario interno de 2023 que mencionaba un "colectivo especial", el tribunal consideró esta documentación insuficiente para demostrar una política clara, consistente y públicamente accesible.
La inconsistencia en la aplicación fue determinante en la decisión judicial. El análisis de casos reales mostró variabilidad extrema: descuentos de tres euros sobre billetes de 22,50 euros, rebajas del 20% en otros casos, y gratuidad selectiva para acompañantes. Esta falta de coherencia llevó al tribunal a concluir que no existía una política definida, sino aplicaciones discrecionales que vulneraban el compromiso adquirido. Según reportes de competencia, esta situación refleja un patrón más amplio en sectores de transporte donde las obligaciones de accesibilidad se declaran pero no se institucionalizan en procesos operativos verificables.
Ahora enfrenta un expediente sancionador cuyo resultado determinará si se imponen multas. Más allá de las implicaciones económicas, el caso evidencia que en mercados donde la inclusión es requisito regulatorio, la transparencia operativa y la documentación de políticas no son opcionales sino elementos centrales de cumplimiento normativo. Para operadores de transporte y servicios en mercados emergentes, esto señala una tendencia clara: las políticas de accesibilidad deben estar integradas en sistemas públicos, no en procesos paralelos o comunicaciones privadas.
