Aproximadamente el 10% de los servicios de delivery en Lima está dispuesto a realizar el traslado ilegal de pasajeros en motocicleta, según un análisis que incluyó 30 pruebas de cliente incógnito. Este hallazgo pone de manifiesto no solo la existencia de prácticas prohibidas, sino también la fragilidad de los mecanismos de control en el sector de la movilidad digital y la capacidad de las plataformas para operar sin estándares claros.
Durante las simulaciones realizadas, tres de cada 30 conductores accedieron a transportar pasajeros en moto después de que el usuario insistiera, a pesar de que el Decreto Supremo 035-2019 prohíbe esta práctica en el transporte público. La investigación expone las deficiencias de un marco normativo que no logra regular adecuadamente las operaciones de estas plataformas. La falta de una normativa específica y un libro de reclamaciones virtual limita la capacidad de los usuarios para presentar quejas y recibir protección efectiva.
Magnitud del problema: en Lima se realizan entre 37,000 y 50,000 servicios de delivery diarios por plataforma. Si la proporción detectada en el estudio se mantiene, miles de viajes ilegales se estarían llevando a cabo a diario. Con un volumen anual proyectado de 34.2 millones de entregas solo en Lima y 42.7 millones a nivel nacional, la situación se convierte en una amenaza considerable para la seguridad ciudadana. El sector de reparto es especialmente vulnerable, ya que las plataformas no exigen actualizaciones frecuentes de datos ni verifican sistemáticamente el modelo o color del vehículo, dejando a los usuarios expuestos a riesgos sin protección efectiva.
Brechas en estándares de seguridad también se documentaron en servicios de taxi por aplicativo: solo el 18% de los vehículos tenía visible el SOAT, mientras que el 95% de los conductores confirmaba el nombre del pasajero. Sin embargo, no todos utilizaban cinturón de seguridad y se encontraron discrepancias frecuentes entre la placa registrada y la que realmente se presentaba al usuario.
Responsabilidad institucional: la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) son responsables de la regulación y fiscalización del sector. No obstante, se critica la falta de respuesta efectiva de estas entidades ante el crecimiento acelerado de la movilidad digital. La ausencia de una norma sectorial clara y la fragmentación institucional han creado un entorno en el que las plataformas operan sin requisitos definidos sobre licencias, seguros, antigüedad de vehículos o mecanismos de sanción.
Expertos en transporte advierten que la falta de acción coordinada ha permitido que la informalidad y el riesgo se normalicen. En Lima, de aproximadamente 300,000 taxis, solo entre 88,000 y 90,000 son considerados formales, lo que subraya la necesidad urgente de una regulación más efectiva que garantice la seguridad de los usuarios y la integridad del sector. Sin una intervención regulatoria clara, el crecimiento de la movilidad digital seguirá operando en un espacio de ambigüedad legal que beneficia a las plataformas pero expone a millones de usuarios a riesgos evitables.
