Apenas tres provincias argentinas han logrado aumentar su base de asalariados privados formales en el último año, mientras el país experimenta una contracción de aproximadamente 241,000 empleos, equivalente a una caída del 3.8%. Neuquén encabeza el crecimiento con un incremento del 7.6%, seguida por Río Negro (3.4%) y San Juan (0.4%), configurando un patrón de concentración territorial que contradice los objetivos de atracción de inversiones a escala nacional.
La disparidad se intensifica al examinar la densidad de empleo privado formal por habitante. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra 485 trabajadores privados formales por cada 1,000 habitantes, mientras que Neuquén alcanza 217. En el extremo opuesto, provincias como Formosa (35), Santiago del Estero (47) y Chaco (57) presentan cifras significativamente menores, reflejando estructuras económicas menos formalizadas con menor escala productiva. Esta brecha evidencia que cuatro jurisdicciones —CABA, Neuquén, Buenos Aires y Santa Fe— acumulan la mayor parte del empleo privado formal, con mercados internos más robustos y capacidad productiva diferenciada.
Durante 2024, solo cinco provincias mostraron crecimiento en valor agregado bruto: Neuquén (11.3%), Córdoba (4.5%), Santa Fe (3.1%), Entre Ríos (0.4%) y La Pampa (0.4%). Tierra del Fuego registró la contracción más severa con una caída del 13.1%. Este fenómeno refleja el dilema de las "dos velocidades" económicas, donde la estabilización macroeconómica no se ha traducido en expansión generalizada del empleo formal. Las provincias con ventajas en recursos naturales y producción agropecuaria lideran el crecimiento, mientras jurisdicciones de mayor tamaño enfrentan recesiones.
El desafío central para los diseñadores de política pública radica en evitar que los mecanismos de incentivo a grandes inversiones profundicen la brecha federal. A pesar de que múltiples jurisdicciones han presentado proyectos de inversión y mejoras fiscales, aún no han generado saldos positivos en empleo privado formal. La distribución inequitativa de beneficios económicos entre regiones corre el riesgo de concentrarse exclusivamente en territorios con ventajas comparativas preexistentes, perpetuando ciclos de desigualdad territorial que requieren intervenciones de política pública más estratégicas y redistributivas.
