Disputas sobre derechos de propiedad en productos digitales han escalado a litigios colectivos. Una demanda contra una de las principales plataformas de distribución de videojuegos cuestiona si el botón 'Comprar' en tiendas digitales induce a error al consumidor, sugiriendo que posee los títulos cuando en realidad solo obtiene una licencia de uso revocable. La defensa legal sostiene que cualquier 'consumidor razonable' entiende esta distinción sin necesidad de advertencias explícitas. La controversia se intensifica porque esta práctica es estándar en la industria. Competidores como Microsoft, Nintendo y Valve aplican modelos idénticos: al pagar por un título digital, el usuario accede únicamente a una licencia personal intransferible que puede ser revocada en cualquier momento por el fabricante o distribuidoras. Los demandantes argumentan que términos como 'comprar ahora' o 'confirmar compra' son engañosos, ya que sugieren propiedad permanente en lugar de un permiso temporal. La defensa ha respondido que la noción de propiedad sobre código digital es ilógica: millones de usuarios pueden acceder simultáneamente a la misma versión sin que el recurso se agote, lo que contrasta con bienes físicos escasos. Sin embargo, existen modelos alternativos en el mercado. Plataformas de PC como GOG ofrecen juegos sin DRM (gestión de derechos digitales) e incluyen instaladores independientes que los usuarios pueden descargar y respaldar indefinidamente. Aunque legalmente también se adquiere una licencia personal, la posibilidad de contar con archivos ejecutables sin conexión proporciona control y certeza que las tiendas de consolas no garantizan. Esta diferencia de enfoque refleja una tensión fundamental en la industria sobre cómo equilibrar los intereses de plataformas y consumidores. Este conflicto legal emerge en un momento crítico para el sector. Las principales plataformas planean eliminar gradualmente la distribución física de videojuegos en los próximos años, acelerando la transición hacia modelos 100% digitales. Esta estrategia intensifica las preocupaciones sobre control, acceso permanente y derechos del consumidor. El litigio plantea interrogantes profundas sobre la sostenibilidad de modelos de distribución que dependen de servidores centralizados y sobre qué garantías debería ofrecer la industria cuando los consumidores invierten en catálogos digitales que pueden desaparecer si las plataformas cierran o retiran títulos del catálogo.