México estrena arquitectura institucional para la vigilancia de la competencia económica. La Comisión Nacional Antimonopolios (CNA), formalmente constituida en octubre de 2025, reemplaza a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) con un mandato ampliado que absorbe también las funciones regulatorias del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. La paradoja central: el nuevo organismo asumirá más mercados, más operaciones y plazos más cortos con un presupuesto significativamente menor.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 asigna a la CNA 407 millones 313,712 pesos, una reducción del 48% en términos reales frente a los 702 millones 643,008 pesos que la Cofece ejerció en su último año completo de operaciones. La contracción no es nueva: en 2025, la Cofece recibió apenas 200 millones de pesos bajo el argumento de que sería un año de transición, y la CNA cerró ese ejercicio con un gasto de 79 millones de pesos. Para los estrategas corporativos, esta señal presupuestaria tiene implicaciones directas: una autoridad con recursos limitados puede enfrentar rezagos en la resolución de procedimientos, lo que genera incertidumbre en operaciones de fusión, adquisición y revisión de prácticas comerciales.

Desde el ángulo regulatorio, los cambios son sustanciales. Los plazos máximos de investigación se redujeron de 600 a 450 días, y los umbrales para la revisión de concentraciones disminuyeron entre 11% y 16%, ampliando el universo de operaciones sujetas a escrutinio. En la práctica, esto significa que transacciones que antes quedaban fuera del radar regulatorio ahora requerirán notificación y análisis. Un caso emblemático en el horizonte es la posible fusión entre dos aerolíneas de bajo costo que, de concretarse, concentraría cerca del 70% del tráfico aéreo de pasajeros en el país. La CNA también ha abierto una investigación sobre posibles prácticas monopólicas en la organización del fútbol profesional mexicano. En su Programa Institucional 2026-2030, el organismo fija metas concretas: que el 66.5% de las investigaciones por prácticas monopólicas concluyan con sanciones o compromisos, que el 61% de los casos sobre obstáculos a la competencia deriven en medidas correctivas, y reducir el tiempo promedio de resolución de 29 a 25 días hábiles. Cumplir esos indicadores con la mitad del presupuesto histórico será la prueba de fuego para la nueva institución y para la credibilidad del modelo antimonopolios que México está construyendo de cara a la siguiente década.