Nueve años de ahorro constante permitieron a una mujer en San José, Costa Rica, adquirir un terreno baldío para ella y su hijo. Sin embargo, al completar la compra, sus recursos se habían agotado por completo. Lo que parecía un callejón sin salida se convirtió en un caso de estudio sobre cómo la colaboración intersectorial puede resolver simultáneamente dos de los problemas más urgentes de la región: el déficit habitacional y la gestión de residuos plásticos.
Mediante una iniciativa conjunta entre organizaciones sociales y el sector privado, se destinaron más de 800 horas de trabajo voluntario para levantar una vivienda cuya estructura central está compuesta por 850 bloques modulares Bliqueplas, fabricados a partir de aproximadamente 7.5 toneladas de desechos urbanos —envases, bolsas, botellas y envolturas— sometidos a un proceso de trituración y termoformado. El resultado son piezas de ensamblaje con resistencia comparable a la mampostería convencional. Entorno, empresa especializada en soluciones de construcción sostenible, participó en este esfuerzo como parte de un modelo que busca demostrar la viabilidad técnica y social del plástico reciclado como insumo estructural.
Desde una perspectiva de política pública y estrategia empresarial, el caso establece un precedente relevante para la industria de la construcción en América Latina. El inmueble cumple con normativas de habitabilidad: los cimientos, cubierta, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas se ejecutaron con métodos tradicionales, mientras que los muros perimetrales e interiores incorporan el material reciclado. A simple vista, la fachada no revela su origen sustentable, lo que elimina uno de los principales obstáculos de adopción: el estigma estético. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, América Latina genera más de 145 millones de toneladas de residuos sólidos al año, de los cuales una fracción significativa corresponde a plásticos que terminan en vertederos. Modelos constructivos como este abren una ruta concreta para redirigir ese flujo hacia la cadena de valor de la vivienda asequible, un segmento donde el déficit regional supera los 40 millones de unidades, de acuerdo con estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo.
