Privatizar la provisión de agua potable y saneamiento a escala metropolitana es una de las decisiones de política pública con mayor impacto estructural en la calidad de vida urbana. En Argentina, ese proceso está en marcha: dos consorcios —uno liderado por un grupo brasileño con socios locales, otro encabezado por un holding argentino con respaldo técnico israelí y japonés— compiten por adquirir el 90% de las acciones de la empresa estatal que abastece a aproximadamente 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. De los 17 interesados iniciales que accedieron al data room virtual, solo ocho, agrupados en esos dos bloques, cumplieron los requisitos técnicos del pliego de licitación, lo que refleja la exigencia del proceso y la complejidad operativa del activo en juego.

El contrato de concesión proyectado tiene una duración de 30 años, prorrogable por una década adicional, e impone una inversión mínima de 2,000 millones de dólares durante los primeros cinco años. El pliego establece metas específicas en obras, estándares de servicio y actualizaciones tarifarias ya calendarizadas para ese primer periodo. Este esquema contractual busca replicar mecanismos utilizados en otras privatizaciones de agua en América Latina —como la de Corsan en el estado brasileño de Río Grande do Sul— donde la reducción del número de oferentes en las etapas finales es un patrón recurrente, no una señal de falta de interés, sino de la rigurosidad técnica y financiera exigida a los operadores. Cada consorcio debía incluir un operador técnico con experiencia comprobada en agua y saneamiento, con participación mínima del 15% dentro del grupo.

Para los estrategas corporativos e inversores institucionales, este proceso ilustra una tendencia más amplia: la transferencia de infraestructura crítica al sector privado bajo esquemas de concesión de largo plazo, con obligaciones de desempeño vinculantes. Según el Banco Mundial, los contratos de concesión en servicios de agua que incluyen metas de cobertura y calidad —en lugar de simples objetivos de rentabilidad— tienden a generar mejores resultados sociales y menor conflictividad regulatoria. El desafío para los nuevos operadores será equilibrar la recuperación de la inversión con la prestación de un servicio esencial en un contexto de alta sensibilidad tarifaria. La estructura del pliego, con actualizaciones de tarifa predefinidas para el primer quinquenio, apunta a reducir la incertidumbre regulatoria, aunque la experiencia regional muestra que la renegociación contractual es casi inevitable en concesiones de esta escala y duración.