Redes de lavado de oro entre Colombia y Venezuela: patrones, rutas y consecuencias geopolíticas
Agentes federales estadounidenses y autoridades colombianas llevan a cabo una investigación activa sobre un presunto esquema de lavado de oro proveniente de Colombia y Venezuela, según información obtenida por medios especializados. El caso cobra relevancia en el contexto del proceso judicial contra Álex Saab —exfuncionario venezolano que se declaró culpable de lavado de activos ante tribunales de Estados Unidos— y abre una línea de indagación que trasciende su figura individual para revelar patrones estructurales en el tráfico ilícito del metal en la región.
La dimensión del fenómeno es significativa. En diciembre de 2025, el presidente colombiano Gustavo Petro declaró públicamente que aproximadamente 71 toneladas de oro —equivalentes a cerca de 3,500 millones de dólares— estaban saliendo de Colombia sin tributar, y que esos recursos eran lavados mediante la adquisición de bienes raíces en el extranjero. Investigadores han documentado caídas en los ingresos formales derivados del oro colombiano en paralelo con un aumento en las salidas ilegales del metal, lo que sugiere una reconfiguración de las rutas y los actores involucrados. Parte de esta información habría llegado tanto a la Embajada de Estados Unidos en Colombia como a la Presidencia de la República durante el gobierno de Petro.
Desde una perspectiva geopolítica y de inteligencia financiera, el caso ilustra cómo las sanciones internacionales pueden reconfigurar —sin necesariamente eliminar— los flujos de recursos ilícitos. Según investigadores citados en el expediente, el gobierno de Nicolás Maduro habría emitido decretos para reducir el porcentaje de regalías cobradas por la entrada de oro al país tras las sanciones de Estados Unidos, lo que habría facilitado nuevas rutas de ingreso del metal. Agencias de inteligencia en Colombia están supervisando movimientos de millones de dólares y pagos en criptomonedas que, inicialmente asociados al tráfico de cocaína, podrían también estar vinculados a operaciones de oro ilegal. Entre los elementos bajo escrutinio figuran inmuebles cercanos al aeropuerto de Maiquetía en Venezuela, identificados como posibles centros de acopio y puntos de exportación. Para los estrategas corporativos y los inversores con exposición en sectores extractivos o financieros en la región, este tipo de investigaciones señala un riesgo de cumplimiento creciente en cadenas de suministro de minerales y en operaciones de tesorería que involucren jurisdicciones con marcos regulatorios débiles.
