Arbitraje internacional sobre concesiones urbanas: cuando el Estado gana y cobra
Cuatro años de procedimientos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) concluyeron con un fallo que no solo desestimó una reclamación de más de 600 millones de pesos contra México, sino que además ordenó al demandante cubrir más de un millón de dólares en costos legales a favor del Estado mexicano. El caso, originado en la revocación de concesiones para operar parquímetros en la Ciudad de México, se convirtió en un referente sobre los límites reales que enfrentan los inversionistas extranjeros al intentar utilizar mecanismos de arbitraje internacional como el establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El arbitraje fue iniciado en 2022 por una empresa que argumentó haber sufrido perjuicios tras la cancelación de sus concesiones de estacionamiento por parte de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Sin embargo, el Tribunal Arbitral determinó en septiembre de 2026 que carecía de jurisdicción para conocer las reclamaciones, al concluir que la parte demandante no acreditó el control efectivo sobre la filial mexicana vinculada a las concesiones ni cumplió con los requisitos procedimentales exigidos por el TLCAN para activar el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado. Este tipo de decisiones jurisdiccionales —que no entran al fondo del asunto— son cada vez más frecuentes en arbitrajes internacionales y representan una línea de defensa estratégica para los Estados.
Para los estrategas corporativos y los equipos de cumplimiento legal en empresas con operaciones en mercados emergentes, el caso ofrece al menos dos lecturas relevantes. Primera: la estructura jurídica y de control de las filiales locales no es un detalle operativo menor, sino un elemento determinante para acceder —o no— a mecanismos de protección de inversiones en tratados comerciales. Segunda: los gobiernos latinoamericanos han fortalecido sus capacidades de defensa en arbitrajes internacionales, lo que eleva el costo y la incertidumbre para quienes recurren a estos foros sin una base jurídica sólida. En paralelo, el debate interno sobre transparencia en la gestión de concesiones urbanas —ingresos por zona, destino de recursos, mecanismos de reclamación ciudadana— señala que la legitimidad de estos esquemas sigue siendo un activo frágil que ninguna administración puede dar por garantizado.
