Cómo el peso que se da a los impuestos en los rankings económicos distorsiona la realidad
Medir la salud económica de un territorio es, ante todo, una decisión política disfrazada de metodología. Un análisis reciente sobre los rankings de competitividad estatal en Estados Unidos pone en evidencia cómo la ponderación que se asigna a la carga impositiva puede alterar radicalmente las conclusiones: estados como Vermont, que hoy ocupa el lugar 34 en ciertos índices, ascendería al puesto 12 si los criterios fiscales se eliminaran y se reforzara el peso del desempleo y la pobreza. Texas, en cambio, caería del 18 al 34, y Alaska abandonaría el top 10. El ejercicio no cambia los datos —siguen siendo las mismas 18 métricas y fuentes federales—, sino el supuesto implícito sobre qué constituye un buen entorno económico.
Desde la perspectiva keynesiana que inspira este reencuadre, los impuestos no son un costo puro sino el mecanismo que financia la inversión pública en educación, salud e infraestructura, factores que determinan la productividad de largo plazo de la fuerza laboral. Bajo esta lógica, un estado con alta tributación y servicios robustos debería puntuar mejor que uno con baja carga fiscal pero con infraestructura deteriorada y capital humano débil. El marco estándar, al asignar 10 de 100 puntos a la tributación sin considerar el retorno social de esos recursos, mide el costo del gobierno pero ignora su valor. Adicionalmente, la desigualdad —que en muchos índices recibe apenas 4 puntos— quedaría subponderada pese a que la concentración del ingreso en los estratos superiores comprime la demanda agregada y frena el crecimiento.
Para los estrategas y tomadores de decisiones en México y América Latina, el debate tiene implicaciones directas. La región enfrenta una tensión estructural entre la presión por mantener regímenes fiscales competitivos para atraer inversión y la necesidad de financiar los servicios que sostienen la productividad y la cohesión social. Adoptar rankings de competitividad sin cuestionar sus supuestos metodológicos puede llevar a políticas que optimizan indicadores en lugar de resultados reales. El ejercicio analizado sugiere que antes de reformar la estructura fiscal de un estado o país con base en su posición en un índice, conviene preguntarse qué está midiendo ese índice y, sobre todo, qué está dejando fuera.
