Fragilidad estructural del cooperativismo urbano frena la inclusión productiva formal
Cooperativas urbanas en Ciudad de México enfrentan un ciclo de vulnerabilidad que combina informalidad laboral, baja capitalización y escasa institucionalización, según diagnósticos de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE). El modelo cooperativista, promovido como vía de inclusión productiva, revela brechas estructurales que limitan su capacidad para generar empleo digno y sostenible a escala.
Los datos son contundentes: el 53% de las cooperativas capitalinas tiene menos de tres años de antigüedad, señal de una alta tasa de mortalidad temprana comparable con la de microempresas informales. El 90% de sus integrantes carece de cobertura de seguridad social, el 78% no emite facturas por falta de formalización tributaria y el 62% reporta ventas por socio inferiores a cuatro mil pesos mensuales. Solo el 28% cuenta con acta constitutiva, lo que les impide acceder a crédito bancario o esquemas de financiamiento institucional. Este perfil recuerda al diagnóstico que el Banco Mundial y la OCDE han documentado sobre la economía informal latinoamericana: la informalidad no es una elección, sino frecuentemente el resultado de barreras de entrada al ecosistema formal.
Para estrategas y tomadores de decisión, el caso del cooperativismo en la capital mexicana ilustra un desafío de política pública con implicaciones de negocio más amplias. La asignación presupuestaria de 86 millones de pesos al programa de Economía Social en 2025 representa una apuesta institucional, pero los cuellos de botella identificados —37% de socios sin competencias contables y fiscales, 74% sin maquinaria adecuada, 48% sin financiamiento— apuntan a que el capital financiero sin acompañamiento técnico sostenido tiene impacto limitado. McKinsey Global Institute ha documentado que los programas de formalización más efectivos combinan transferencias económicas con desarrollo de capacidades gerenciales durante al menos 24 meses. El ecosistema cooperativo mexicano, para consolidarse como actor económico relevante en la próxima década, requerirá modelos de intervención que atiendan simultáneamente la brecha de habilidades, el acceso a mercados y la infraestructura institucional básica.
