Perspectivas cambiarias y fiscales de República Dominicana hacia el mediano plazo
Señales mixtas caracterizan el panorama cambiario y macroeconómico de República Dominicana. El peso dominicano registró una depreciación semanal frente al dólar estadounidense de 1.84%, con una volatilidad cambiaria que se sitúa en 33.74%, más del doble del nivel de referencia histórico de 14.14%. Este diferencial entre volatilidad observada y volatilidad de equilibrio constituye una señal de alerta para tesoreros corporativos y gestores de riesgo con exposición en el mercado local, ya que implica mayores costos de cobertura y menor predictibilidad en la planificación financiera de corto plazo.
Más allá de la coyuntura cambiaria, las proyecciones estructurales apuntan a una economía con fundamentos relativamente sólidos. Se estima que el crecimiento real del PIB se acelerará hacia el 4% en el mediano plazo, impulsado por la reducción de tasas de interés, la recuperación del turismo y un estímulo fiscal focalizado. El Congreso dominicano aprobó un presupuesto suplementario que incrementa el gasto de capital en 0.4% del PIB para 2025, ampliando el déficit global al 3.5% del PIB, mientras que para 2026 el Ministerio de Hacienda proyecta un déficit de 3.2% del PIB acompañado de un superávit primario de 0.5%. La deuda pública bruta se mantendría estable en torno al 58% del PIB, un nivel manejable siempre que no se materialicen choques macroeconómicos externos.
Desde una perspectiva de inversión y competitividad, la inversión extranjera directa neta se estima entre 3.5% y 4.0% del PIB, con turismo, energía, comercio e inmobiliario como sectores tractores. Los superávits en exportaciones de servicios y remesas compensarían los déficits comerciales, proyectando un déficit por cuenta corriente de entre 2% y 2.5% del PIB para finales de 2025 y 2026. El Banco Central anticipa que el tipo de cambio alcanzará aproximadamente 66.35 pesos por dólar en septiembre de 2026 y cerca de 69.15 pesos un año después, una trayectoria de depreciación gradual que los estrategas corporativos con operaciones en el país deberán incorporar en sus modelos de planificación financiera y fijación de precios de mediano plazo.
