Mujeres migrantes en el agro: el nuevo rostro de la fuerza laboral rural
Más de 238,000 mujeres se encontraban afiliadas al Régimen Especial Agrario en España hasta agosto del año pasado, según datos de la Seguridad Social. De ese total, más de 56,000 son extranjeras, lo que representa el 22.8% de la población migrante en el sector agrícola. Este dato cobra dimensión estratégica en un contexto en que la FAO ha declarado 2026 como el Año Internacional de la Agricultora, reconocimiento que visibiliza el papel históricamente subestimado de las mujeres en la producción global de alimentos.
Aunque el 63% de la fuerza laboral agrícola sigue siendo masculina, la incorporación creciente de agricultoras migrantes está reconfigurando la dinámica del trabajo rural. Muchas llegan con experiencia previa en sus países de origen y se integran mediante programas de contratación transnacional como 'Cosechando oportunidades', desarrollado en colaboración con Cooperativas Agro-alimentarias. Trayectorias como la de una trabajadora hondureña de 32 años con años de experiencia en cultivos familiares, o la de una ciudadana rumana que tras dos décadas en el campo español hoy dirige una finca en Huelva, no son casos aislados: ilustran un modelo de movilidad laboral que ya forma parte estructural de la cadena de valor agroalimentaria. Para los estrategas del sector, este fenómeno representa tanto una oportunidad de diversificación del capital humano como un indicador de la dependencia del agro respecto a flujos migratorios regulados.
Desde la perspectiva sindical, la regularización de trabajadores extranjeros ha sido valorada como un avance en la formalización del empleo rural. Sin embargo, Vicente Jiménez, responsable del sector agrario en Comisiones Obreras de Industria, advierte que un análisis riguroso de sus resultados no podrá realizarse hasta que concluyan las campañas más relevantes en el primer trimestre de 2027. A finales de septiembre, el Sistema Especial Agrario del Régimen General de la Seguridad Social reportó que el 9.3% de los afiliados derivados del proceso de regularización —aproximadamente 39,372 personas— pertenecían al sector agrícola. Un dato que también expone una tensión estructural crítica: parte de quienes regularizaron su situación migratoria han optado por migrar hacia sectores como la hostelería o la limpieza, atraídos por mejores condiciones salariales. Para los líderes del sector agroalimentario, esto traslada el debate de la política migratoria hacia un problema de retención de talento que solo podrá resolverse con mejoras sustantivas en las condiciones laborales del campo.
