Crisis financiera amenaza la cobertura de servicios de emergencia en Costa Rica
Costa Rica enfrenta una tensión estructural en su sistema de atención de emergencias: la principal institución humanitaria del país opera con un déficit acumulado que ya supera los USD 3 millones anuales, mientras que la demanda de servicios no cesa. Ante este escenario, el Gobierno decidió transferir aproximadamente USD 3.2 millones a la Cruz Roja Costarricense mediante una modificación presupuestaria, y adquirir 40 ambulancias para reforzar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos. La medida responde a una crisis que, según datos de la propia institución, ya provocó el cierre de al menos dos comités operativos en la provincia de Heredia y pone en riesgo otras seis sedes en situación crítica.
Detrás de la intervención estatal hay cifras que ilustran la magnitud del problema. La Cruz Roja atiende cerca de 500,000 llamadas de emergencia al año —aproximadamente una por minuto— y requiere alrededor de USD 54 millones anuales para sostener sus operaciones en todo el territorio nacional. De ese total, el 40% proviene de recursos públicos y el 60% restante depende de ingresos privados, donaciones y campañas de recaudación. Con 66 de sus 134 comités en dificultades económicas, el modelo de financiamiento mixto muestra señales de agotamiento. El caso del comité de Orotina es representativo: opera con una sola ambulancia, cuatro funcionarios y atiende 17 emergencias diarias en promedio, cubriendo a cerca de 35,000 personas.
Desde una perspectiva de política pública, el episodio plantea preguntas relevantes para otros países de la región con modelos similares de atención prehospitalaria basados en instituciones semipúblicas o de naturaleza privada con función social. La presidenta Laura Fernández reconoció explícitamente que, aunque la Cruz Roja no depende administrativamente del Ejecutivo, su función es esencial para el Estado, lo que justifica el apoyo presupuestario. Este argumento —el de la externalidad positiva de los servicios de emergencia— es el mismo que subyace a debates sobre financiamiento de salud pública en toda América Latina. La pregunta que queda abierta para estrategas y tomadores de decisiones es si las transferencias puntuales son suficientes para estabilizar un sistema cuya brecha de financiamiento crece al ritmo de la complejidad de las emergencias que atiende.
