Banca española bajo presión sindical: IA, jornada laboral y reparto de beneficios en disputa
Trabajadores del sector financiero español han protagonizado una serie de movilizaciones en varias ciudades del país, concentrándose frente a las sedes de los principales bancos nacionales. Las protestas, convocadas por el sindicato CCOO, buscan abrir una negociación inmediata sobre el nuevo convenio colectivo sectorial antes de que el actual expire el 31 de diciembre, con miras a establecer compromisos concretos antes de que el proceso formal arranque en marzo de 2027. Las manifestaciones recorrieron Madrid, Valencia, Valladolid, A Coruña, Tenerife y Málaga, con una segunda jornada programada para Barcelona, Sevilla, Murcia, Albacete, Zaragoza y Bilbao.
Detrás de las demandas existe una tensión estructural difícil de ignorar: los seis mayores bancos españoles reportaron beneficios superiores a los 36,000 millones de euros en 2025, superando los 20,000 millones solo en el primer semestre del año. Sin embargo, el empleo en el sector se ha contraído un 40% respecto a los niveles máximos de 2008, y aproximadamente el 63% de las sucursales han cerrado. Una encuesta interna de CCOO aplicada a 46,000 trabajadores revela que el 96.9% del personal de oficinas y el 93.1% de servicios centrales reportan un aumento crítico en su carga laboral durante los últimos tres años. El 64.4% de los gestores, además, señala presión directa para cumplir objetivos de venta de productos financieros, un contexto que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ya investiga mediante un procedimiento sancionador por prácticas contrarias a la competencia.
Las reivindicaciones del sindicato se articulan en cuatro ejes que anticipan los grandes debates laborales del sector financiero para la próxima década. En materia salarial, se exige un incremento del 7% para 2027 y aumentos anuales del 4% entre 2028 y 2030, con especial atención a los salarios de entrada y a la reducción de brechas retributivas internas. En cuanto a condiciones de trabajo, la propuesta contempla reducir la jornada anual de entre 1,650 y 1,700 horas a 1,600 horas sin merma salarial, ampliar el teletrabajo hasta tres días semanales y garantizar al menos un fin de semana de tres días al mes. El tercer eje apunta al relevo generacional y la creación de nuevos empleos, mientras que el cuarto —y quizás el más significativo en clave prospectiva— exige una regulación explícita de la inteligencia artificial que proteja tanto a los trabajadores como a los consumidores. Este último punto convierte al conflicto bancario español en un termómetro de una tensión que se replicará en múltiples sectores intensivos en datos y automatización: cómo distribuir los beneficios de la eficiencia tecnológica entre accionistas, clientes y fuerza laboral.
