Regulación de universidades privadas: el Estado reencauza su política tras revés judicial
Tras la anulación formal de su decreto regulatorio por parte del Tribunal Supremo, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España ha relanzado el proceso normativo que busca establecer condiciones más exigentes para la creación de nuevas universidades privadas. La decisión judicial no cuestionó el fondo de la política pública, sino los procedimientos seguidos durante su tramitación: la falta de justificación para la vía urgente y la omisión del trámite de consulta previa exigido por ley. Este tipo de revés procesal, que obliga a rehacer el camino sin invalidar el destino, ilustra una tensión recurrente entre la velocidad legislativa y las garantías formales del Estado de derecho.
Para subsanar los defectos señalados por el Supremo, el Ministerio abrió una consulta pública sobre la modificación normativa relacionada con la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, con plazo de participación hasta el 30 de octubre de 2026. El objetivo declarado es aprobar el nuevo decreto en el Consejo de Ministros en el menor tiempo posible, manteniendo los requisitos académicos más estrictos que contemplaba la norma original. Entre los puntos más sensibles figura el número mínimo de alumnos requeridos para constituir una universidad, artículo que ya fue objeto de recursos cautelares por parte de instituciones extranjeras y nacionales, desestimados por el tribunal al considerar que implicaban un análisis de fondo.
El proceso, sin embargo, no está exento de obstáculos. Siguen pendientes los recursos interpuestos por la Comunidad de Madrid y una universidad privada española, que argumentan que la regulación invade competencias autonómicas en materia educativa y restringe de forma injustificada la libertad de empresa. Estos recursos abordan el fondo del asunto y podrían condicionar la viabilidad definitiva de la norma, incluso si el nuevo decreto supera los requisitos formales. Para los estrategas del sector educativo privado y los inversores en infraestructura universitaria, el escenario plantea una ventana de incertidumbre regulatoria que podría extenderse al menos hasta 2027, con implicaciones directas sobre los planes de expansión y los modelos de financiamiento de nuevas instituciones en España.
