Reforma fiscal amenaza subsidios laborales: trabajadores de bajos ingresos en riesgo
Trabajadores de menores ingresos en Colombia enfrentan una potencial reducción de beneficios sociales derivada de una propuesta legislativa que busca redirigir recursos del sistema de compensación familiar hacia el financiamiento del sistema de salud. El mecanismo en cuestión implica transferir uno de los cuatro puntos porcentuales que los empleadores aportan a las cajas de compensación a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), una medida que ha encendido alertas entre gremios, abogados laboralistas y expertos en seguridad social.
Según estimaciones de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), esta modificación podría generar un déficit superior a 500.000 millones de pesos para 2027. El análisis preliminar del gremio indica que, de aprobarse el artículo 22 del proyecto, las cajas podrían verse obligadas a destinar hasta el 31% de sus ingresos del 4% patronal a la Adres, frente al 8,6% que actualmente transfieren. Este cambio estructural comprometería la cuota monetaria, un subsidio mensual que hoy beneficia a 4,8 millones de personas y que demanda alrededor de 5 billones de pesos anuales para su financiamiento. La cuota monetaria es entregada a trabajadores de bajos ingresos por cada hijo que cumpla los requisitos establecidos, y también puede reconocerse a padres del afiliado sin ingresos propios.
Más allá del subsidio directo, la reducción de recursos afectaría la capacidad de las cajas para mantener infraestructura social y ofrecer tarifas subsidiadas en educación, recreación y capacitación. Fuentes cercanas al sistema advierten que el costo de servicios como el acceso a parques recreativos o cursos de formación podría multiplicarse varias veces para afiliados con ingresos inferiores a dos salarios mínimos. El proyecto también contempla ajustes al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y la Capacitación (FOSFEC), lo que añade presión adicional sobre los programas de protección al cesante. Para los estrategas de política pública y los líderes empresariales, el debate refleja una tensión estructural recurrente en América Latina: cómo financiar sistemas de salud en crisis sin desmantelar redes de protección social construidas durante décadas.
