Bonos ejecutivos en proyectos con sobrecosto: el debate sobre métricas de desempeño
Pagar bonificaciones millonarias a directivos mientras un proyecto público multiplica su costo original por doce es una contradicción que está generando debate en círculos de gobernanza corporativa a nivel internacional. El caso de una empresa estatal australiana de energía renovable —cuyo proyecto emblemático escaló de un presupuesto inicial de 2,000 millones de dólares en 2017 a estimaciones actuales que podrían superar los 25,000 millones— ilustra una tensión estructural que no es exclusiva de ningún país: la desconexión entre los sistemas de compensación variable y los indicadores reales de creación de valor a largo plazo.
Según el informe anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025-2026, tres altos directivos de la organización recibieron bonificaciones que en conjunto suman 751,925 dólares australianos, mientras el proyecto central de la empresa acumula retrasos que posponen su operación plena hasta 2029. La justificación institucional —que los incentivos a corto plazo se calculan con base en métricas de desempeño en distintas áreas del negocio— expone precisamente el problema que académicos como Michael Jensen y Kevin Murphy identificaron desde los años noventa: cuando los KPIs de compensación se fragmentan por unidad de negocio, es posible cumplir objetivos parciales mientras el resultado agregado se deteriora. McKinsey & Company ha documentado en múltiples estudios que las estructuras de incentivos mal alineadas son uno de los principales factores de fracaso en proyectos de infraestructura a gran escala.
Este fenómeno adquiere mayor relevancia en el contexto de la transición energética global. El Foro Económico Mundial estima que se necesitarán inversiones superiores a 4 billones de dólares anuales para 2030 con el fin de cumplir los objetivos climáticos, gran parte de ellas canalizadas a través de entidades públicas o semipúblicas. Si los marcos de gobernanza no evolucionan para alinear la compensación ejecutiva con métricas de largo plazo —costo total del proyecto, cumplimiento de cronogramas, impacto ambiental real—, el riesgo de sobrecostos sistémicos se convierte en una amenaza para la credibilidad misma de la inversión verde. Para los estrategas corporativos y los responsables de política pública, el dilema no es si pagar incentivos variables, sino cómo diseñarlos para que reflejen el valor que realmente importa a los contribuyentes y a los mercados de capital.
