Deuda aeroportuaria de más de 3,000 millones de dólares: lecciones de un proyecto cancelado
Cancelar un megaproyecto de infraestructura no elimina sus compromisos financieros. Seis años después de que el gobierno federal detuviera la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sigue administrando una deuda de 3,152 millones de dólares vinculada a bonos internacionales emitidos para financiar aquella obra. Este caso ilustra con precisión los costos estructurales que enfrentan los Estados cuando cancelan proyectos de infraestructura con financiamiento privado ya comprometido.
Para gestionar esos compromisos, se constituyó el Fideicomiso MEXCAT, cuya fuente principal de ingresos es la Tasa de Uso de Aeropuerto (TUA), la tarifa que paga cada pasajero al abordar un vuelo. Según información de la Secretaría de Marina, que administra el AICM, el pago del Bono 2026 fue posible gracias a tres factores convergentes: la recuperación del tráfico aéreo post-pandemia —con un crecimiento anual promedio del 4% entre 2021 y 2025—, la ampliación de la capacidad operativa del aeropuerto de 43 a 46 operaciones por hora, y la apreciación del tipo de cambio, que redujo el costo efectivo en pesos de los compromisos denominados en dólares. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha mantenido un monitoreo constante del fideicomiso, lo que ha aportado certidumbre institucional al proceso.
Desde una perspectiva de gestión de riesgo fiscal, el caso NAICM-AICM ofrece señales relevantes para estrategas e inversores que operan en mercados donde la infraestructura pública se financia con instrumentos de deuda internacional. Primero, los bonos soberanos o cuasi-soberanos vinculados a proyectos de infraestructura incorporan cláusulas que obligan al Estado a honrar compromisos incluso si el activo subyacente no se construye. Segundo, la viabilidad del servicio de deuda depende directamente del desempeño operativo del activo que genera los flujos —en este caso, el propio AICM—, lo que crea una interdependencia entre política tarifaria, capacidad operativa y cumplimiento financiero. Tercero, la volatilidad cambiaria representa un riesgo sistémico que puede amplificar o mitigar la carga real de la deuda, como quedó demostrado con el impacto positivo de la apreciación del peso en los flujos excedentes de la TUA. Para los directivos que evalúan proyectos de infraestructura con financiamiento mixto, este precedente subraya la importancia de modelar escenarios de cancelación con la misma rigurosidad que los escenarios de operación.
