Inseguridad empresarial en México: costos, cifras ocultas y sectores más vulnerables
Cerca de 1.4 millones de unidades económicas en México fueron víctimas de algún delito durante 2025, lo que representa el 25.9% del total de negocios en el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del INEGI. Aunque esta proporción muestra una ligera mejora respecto al 27.2% registrado en 2023, la incidencia delictiva sigue imponiendo cargas operativas y financieras considerables sobre el tejido empresarial nacional. En total, se contabilizaron 3 millones de delitos contra negocios, con un promedio de 2.2 ilícitos por cada establecimiento afectado.
La extorsión encabeza la lista de delitos con una tasa de 1,467 casos por cada 10,000 establecimientos, seguida por el robo hormiga con 954 y los asaltos con 885. Estos tres delitos concentran el 59% de todos los ilícitos registrados contra empresas. Por sector, el comercio es el más golpeado, con un 30.5% de victimización, frente al 22.9% en servicios y el 18.8% en industria. Al segmentar por tamaño, las empresas medianas reportan la mayor proporción de afectación con 51.9%, aunque son las grandes unidades económicas las que enfrentan mayor frecuencia de incidentes, con un promedio de 4.3 delitos por establecimiento. El impacto económico total asciende a 115,100 millones de pesos —equivalente al 0.46% del PIB—, a los que se suman 58,900 millones adicionales destinados a medidas preventivas, con un costo promedio de 44,560 pesos por unidad económica.
Uno de los hallazgos más críticos para la política pública y la estrategia corporativa es la magnitud de la cifra negra: el 91.8% de los delitos contra empresas no fue denunciado ni derivó en una carpeta de investigación. De los ilícitos que sí se reportaron —apenas el 9.9% del total—, el 75.4% de los casos no registró avances procesales. Las razones más citadas para no denunciar incluyen la percepción de pérdida de tiempo y la minimización del delito. Este déficit de confianza institucional limita severamente la capacidad del Estado para dimensionar y combatir el fenómeno. A nivel de percepción, el 57.1% de los negocios identifica la inseguridad como su principal problema, con Guanajuato (71.3%), Morelos (70.3%) y Tabasco (69.9%) como las entidades con mayor alerta, en contraste con Yucatán (29.1%) y Durango (37.5%). Para los estrategas corporativos, estos datos subrayan la necesidad de incorporar la gestión del riesgo delictivo —especialmente en logística y cadena de suministro— como variable central en la planeación de operaciones regionales.
