Infraestructura fintech: el eslabón crítico para que la ley de pagos digitales funcione

México ha dado un paso formal hacia la digitalización de su sistema de pagos con la publicación del decreto que establece un marco legal para transacciones electrónicas mediante dispositivos móviles. Sin embargo, la experiencia internacional en transformación financiera muestra un patrón consistente: las leyes crean condiciones, pero son las infraestructuras tecnológicas preexistentes las que determinan si esas condiciones se convierten en realidad operativa. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, el 85.2% de las compras menores a 500 pesos se realizan en efectivo, y el 86% de los micronegocios opera bajo ese mismo esquema. Estas cifras sitúan a México ante uno de los retos de adopción digital más complejos de América Latina: no se trata únicamente de infraestructura tecnológica, sino de un cambio cultural profundo en los hábitos de pago de millones de personas y negocios. La nueva legislación no construye un sistema desde cero; amplía y formaliza plataformas ya existentes como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y el Cobro Digital (CoDi), administrados por el Banco de México, e incorpora instrumentos de identidad digital como la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano para facilitar el acceso remoto a servicios financieros. En este contexto, el rol de los operadores fintech con escala real cobra relevancia estratégica. Empresas con ecosistemas consolidados —que han procesado nómina, dispersado pagos gubernamentales y desarrollado modelos de banca como servicio (BaaS) para organizaciones públicas y privadas— representan la capa de ejecución sin la cual cualquier marco regulatorio permanece como intención. Para los estrategas corporativos e inversores, la señal de fondo es clara: la digitalización financiera en México no depende solo del impulso regulatorio, sino de la densidad y madurez del tejido fintech que ya opera en el país. Broxel es uno de los actores que ilustra este fenómeno, con más de una década de operaciones y 30 millones de usuarios integrados a su plataforma de pagos electrónicos. La convergencia entre legislación y capacidad instalada será el verdadero indicador de si México logra una economía digital con alcance inclusivo en los próximos años.