Régimen fiscal simplificado para pequeños negocios: cómo funciona y hacia dónde evoluciona
Desde su implementación en 2022, el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) ha reconfigurado la relación entre los pequeños contribuyentes mexicanos y el sistema fiscal. Diseñado para personas físicas que realizan actividades empresariales, prestan servicios profesionales independientes o arriendan bienes inmuebles, este esquema busca reducir las cargas administrativas que históricamente han desincentivado la formalización. Su adopción ha permitido que oficios como carpintería, electricidad y otros servicios independientes puedan emitir facturas con mayor facilidad, generando beneficios tanto para proveedores como para clientes que necesitan documentar gastos deducibles.
Bajo este régimen, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) se calcula sobre los ingresos efectivamente cobrados —excluyendo el IVA— con tasas que oscilan entre 1% y 2.5% según el nivel de ingresos, sin considerar deducciones. Este mecanismo implica una distinción crítica para los estrategas financieros: el impuesto recae sobre ingresos, no sobre utilidades. En términos prácticos, si un negocio genera 100 pesos con una utilidad de 10, pagar 2.50 pesos de ISR representa en realidad el 25% de la ganancia neta. Este matiz es fundamental para evaluar la conveniencia del régimen según el perfil de cada contribuyente. Actualmente, el límite de ingresos anuales para tributar bajo el Resico es de 3.5 millones de pesos sin IVA, con una propuesta de reforma para 2027 que elevaría ese techo a 5 millones de pesos, ampliando significativamente el universo de contribuyentes elegibles.
Entre las modificaciones propuestas para el corto plazo destacan la eliminación de la exclusión automática por no realizar tres o más pagos mensuales consecutivos, así como un tratamiento más flexible para quienes superen temporalmente el límite de ingresos, permitiéndoles mantener el cálculo bajo Resico durante el período de cumplimiento antes de migrar al régimen general. En materia de IVA, la propuesta para 2027 contempla un esquema en el que el contribuyente pagaría el 7% sobre el valor de las actividades gravadas efectivamente cobradas, en lugar del método actual de acreditamiento, lo que simplificaría aún más el cumplimiento. Para los directivos que diseñan estructuras de proveeduría o gestionan cadenas de valor con participación de personas físicas, comprender la evolución de este régimen resulta estratégico: su expansión podría formalizar a un segmento más amplio del ecosistema de proveedores en México.



