Fracking y soberanía energética: el dilema ambiental que México defiende ante organismos internacionales
Ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, México sostuvo que no practica la fracturación hidráulica —conocida como fracking— y condicionó cualquier proyecto futuro en yacimientos de baja permeabilidad a la demostración previa de que no generará impacto ambiental ni afectará a las poblaciones cercanas. La declaración, emitida por la representante de la Misión de México en Ginebra, coloca al país en una posición que busca equilibrar la presión internacional sobre derechos humanos con sus necesidades de política energética doméstica.
El contexto que rodea esta declaración es significativo. El relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas, Marcos Orellana, visitó México en marzo de 2026 y documentó la existencia de llamadas 'zonas de sacrificio': territorios donde la actividad industrial ha degradado de forma severa el entorno y la salud de las comunidades. Su informe señaló que el Inventario Nacional de Sitios Contaminados registraba, hasta junio de 2025, un total de 1,142 sitios. Entre sus recomendaciones destacan la eliminación de contaminantes tóxicos en procesos industriales, la creación de un plan nacional coordinado para remediar pasivos ambientales del sector hidrocarburos y la atención médica prioritaria a comunidades aledañas a refinerías, con énfasis en la población infantil. El relator reconoció, no obstante, avances como la creación de regiones de emergencia sanitaria y la incorporación de ríos contaminados al Plan Nacional Hídrico 2024-2030.
Paralelo al debate sobre el fracking, México enfrenta un escrutinio creciente sobre el acceso al agua como derecho humano. La representante oficial enumeró acciones concretas: el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, inversiones en 17 proyectos estratégicos de infraestructura hídrica y programas de saneamiento de ríos. Adicionalmente, la Suprema Corte ha establecido la obligación de realizar consultas previas, libres e informadas a comunidades indígenas cuando decisiones públicas puedan afectar sus recursos hídricos o territorios. Este punto adquiere relevancia estratégica: la detección de mantos acuíferos durante perforaciones exploratorias podría convertirse en un criterio técnico-legal para descartar la aplicación de la fracturación hidráulica en zonas específicas. Organizaciones civiles como la Alianza Mexicana contra el Fracking mantienen una postura de rechazo total a la técnica, argumentando riesgos irreversibles para ecosistemas y derechos humanos, y han celebrado que el debate haya escalado a foros multilaterales como mecanismo de presión y rendición de cuentas.



