Programas de ingreso básico para adultos en transición etaria ganan escala en capitales latinoamericanas

Esquemas de ingreso básico dirigidos a adultos en etapa previa a la jubilación están ganando terreno en las agendas de política pública de grandes ciudades latinoamericanas. Ciudad de México opera uno de los casos más documentados: un programa de transferencias económicas bimestrales para personas de entre 57 y 59 años, grupo etario que históricamente queda fuera de los sistemas formales de pensión pero enfrenta vulnerabilidad económica creciente. La reciente modificación de sus reglas operativas, publicada en la Gaceta Oficial local, eleva el padrón máximo de beneficiarios activos a 155,348 personas e incorpora a 40,000 nuevos participantes en dos etapas, con criterios de prioridad que favorecen a mujeres, personas de 59 años y residentes en territorios con índices de desarrollo social bajos.

Desde la perspectiva de política fiscal, la operación del programa implica un presupuesto autorizado superior a 1,280 millones de pesos para el ejercicio en curso, lo que lo convierte en uno de los rubros de gasto social más significativos a nivel subnacional en México. Para los estrategas de política pública y los analistas de finanzas municipales, este modelo plantea preguntas relevantes sobre sostenibilidad: el costo per cápita anual por beneficiario ronda los 12,000 pesos en transferencias directas, a lo que se suman los costos operativos de un esquema de registro basado en visitas domiciliarias, un mecanismo que reduce barreras de acceso digital pero eleva el gasto administrativo. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los programas de transferencias condicionadas y no condicionadas han demostrado impacto positivo en consumo básico de hogares en pobreza moderada, aunque su efecto sobre la inserción laboral de largo plazo sigue siendo objeto de debate académico.

Para los tomadores de decisiones corporativas y los especialistas en recursos humanos, la expansión de este tipo de programas tiene implicaciones indirectas pero concretas. En mercados laborales donde la informalidad supera el 55% de la población ocupada —cifra documentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para Ciudad de México— los apoyos gubernamentales a grupos en edad de transición hacia el retiro pueden influir en las tasas de participación laboral de adultos mayores de 55 años, un segmento que muchas organizaciones subestiman como fuerza de trabajo activa. A medida que más ciudades de la región evalúen replicar modelos similares, las empresas con operaciones en mercados urbanos latinoamericanos deberán incorporar estas variables en sus proyecciones de oferta laboral y en sus estrategias de diversidad generacional.