Instituciones religiosas y adopciones forzadas: cuando el silencio institucional perpetúa el daño
Décadas de silencio institucional comenzaron a romperse cuando una de las organizaciones religiosas más influyentes del mundo emitió una disculpa formal por su participación en las adopciones forzadas ocurridas en el Reino Unido entre los años cuarenta y los ochenta. La Iglesia de Inglaterra reconoció haber estado vinculada a más de 200 hogares para madres y bebés donde mujeres solteras eran enviadas a dar a luz en secreto, para luego ser compelidas a entregar a sus hijos a parejas casadas. Se estima que las madres y bebés afectados se cuentan por decenas de miles en un sistema que la propia institución describió como "descentralizado".
La disculpa, emitida por la arzobispo de Canterbury, Sarah Mullally, reconoció el dolor, el trauma y el estigma experimentados por las personas afectadas, así como la existencia de prejuicios raciales y de discapacidad que condicionaron los resultados para muchas familias. La institución admitió que, aunque su orientación oficial indicaba que madres y bebés debían mantenerse juntos siempre que fuera posible, esto no siempre se cumplió en la práctica. Sobrevivientes como Phil Frampton, nacido en 1953 en uno de estos hogares anglicanos en Cornwall debido a que sus padres tenían una relación de herencia mixta, calificaron la disculpa como "una victoria histórica", aunque advirtieron que la iglesia tiene aún mucho trabajo por delante para restaurar su autoridad moral.
Sin embargo, organizaciones de sobrevivientes como el Adult Adoptee Movement señalaron que la disculpa carece de sustancia real: no incluye oferta de reparación ni mecanismos de apoyo concretos, y acusaron a la institución de minimizar su responsabilidad. Este caso ilustra un patrón que los estrategas de reputación corporativa e institucional reconocen con frecuencia: las disculpas sin acciones tangibles de reparación generan más desconfianza que credibilidad. Para líderes organizacionales, el caso representa una señal clara sobre los costos a largo plazo de anteponer la reputación institucional sobre la responsabilidad hacia las personas afectadas, un dilema que trasciende lo religioso y alcanza a cualquier organización que gestione crisis de legado histórico.
