Restricciones israelíes en Cisjordania amenazan con colapsar la economía palestina
La dependencia estructural de décadas y el endurecimiento de controles desde octubre de 2023 han llevado a las instituciones financieras palestinas al borde de la insolvencia
Desde los ataques del 7 de octubre de 2023, las restricciones impuestas por Israel en Cisjordania han escalado hasta convertirse en una amenaza directa sobre la viabilidad económica de la Autoridad Palestina. Las limitaciones al movimiento de personas, la retención de ingresos fiscales y las restricciones al sistema bancario han deteriorado de forma acelerada el sustento de la población palestina e incrementado el riesgo de inestabilidad regional, en un contexto donde la atención internacional se concentra principalmente en Gaza y en las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Esta crisis no es un fenómeno aislado: tiene raíces estructurales que se remontan a 1967, año en que comenzó la ocupación israelí de Cisjordania. Durante casi seis décadas, la economía palestina ha operado bajo una dependencia profunda respecto a Israel, reflejada en el uso del shekel como moneda —sobre la cual la Autoridad Palestina no ejerce ningún control de política monetaria—, en la dependencia de bancos israelíes como único canal de conexión con los mercados financieros internacionales, y en el comercio canalizado exclusivamente a través de puertos bajo control israelí. El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien también tiene responsabilidades en el Ministerio de Defensa para asuntos de Cisjordania, ha implementado políticas que han cortado prácticamente las principales fuentes de ingresos de la Autoridad Palestina, profundizando una crisis de insolvencia en sus instituciones financieras.
Frente a este escenario, analistas y organismos internacionales advierten que evitar un colapso económico requerirá tanto la reincorporación de trabajadores palestinos al mercado laboral israelí como la transferencia de los ingresos retenidos a la Autoridad Palestina. Sin embargo, dado el alineamiento político del gobierno de Benjamin Netanyahu —en funciones desde diciembre de 2022— con una visión de soberanía de facto sobre territorios en disputa, se considera poco probable que estas medidas se adopten sin presión externa sostenida. La situación plantea un desafío que trasciende lo económico: interpela directamente a la comunidad internacional sobre su capacidad para generar condiciones mínimas de estabilidad en una región cuya fragilidad tiene consecuencias globales.
