Registro celular obligatorio en México: por qué una prórroga era inevitable
Con más de 82 millones de líneas sin vincular, la CRT evalúa extender el plazo y reinterpretar qué cuenta como registro válido
Ante el avance insuficiente del padrón de líneas celulares en México, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) analiza otorgar una prórroga de 120 días adicionales al plazo original del 30 de junio. La medida responde a una realidad contundente: al 19 de junio, solo 61.4 millones de líneas habían completado el registro, frente a un universo oficial de 144 millones de líneas activas —y posiblemente hasta 160 millones si se incluye a los operadores móviles virtuales—, lo que deja más de 82 millones de números sin vincular.
El giro regulatorio resulta significativo porque durante meses la CRT sostuvo públicamente que no habría extensiones. La comisionada presidenta, Norma Solano, había declarado en abril que el plazo del 30 de junio sería definitivo, postura que fue reiterada por la directora general de Supervisión del Cumplimiento. Sin embargo, la brecha entre la meta y el avance real hizo insostenible esa posición. Organismos como la GSMA habían advertido desde el inicio que los tiempos eran difíciles de cumplir en un mercado tan amplio y heterogéneo. A esto se suma que la propia Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla un periodo de regularización de 120 días para líneas que no completen el registro a tiempo, lo que da sustento legal a la extensión. Adicionalmente, una interpretación reciente de la CRT permitiría considerar automáticamente registradas las líneas de pospago cuyos titulares ya fueron identificados al contratar el servicio, lo que incorporaría de forma inmediata más de 26 millones de líneas.
Más allá del calendario, el debate abre preguntas estructurales sobre la viabilidad de políticas de identificación masiva en mercados móviles maduros. Representantes del sector han señalado que, aunque la capacidad técnica para ejecutar desconexiones existe, hacerlo de forma simultánea sobre decenas de millones de líneas sería operativamente inviable y tendría que implementarse de manera gradual. A ello se añade la dimensión constitucional: expertos han advertido que suspender el acceso a telecomunicaciones por falta de registro podría vulnerar derechos fundamentales reconocidos en México. Para los estrategas corporativos y operadores del sector, el caso ilustra los límites prácticos de los mandatos regulatorios cuando la escala del mercado supera la capacidad de implementación, un patrón que se ha repetido en registros similares en Brasil, India y otros mercados emergentes. Entorno ha seguido de cerca la evolución de este proceso regulatorio como parte de su cobertura del ecosistema de telecomunicaciones en México.
