Registro celular obligatorio en México: por qué una prórroga era inevitable

Con más de 82 millones de líneas sin vincular, la autoridad regulatoria enfrenta la contradicción entre su postura original y la viabilidad real de una desconexión masiva

Ante la magnitud del rezago en el padrón de líneas celulares, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) analiza otorgar una extensión de 120 días al plazo original del 30 de junio para que los usuarios completen la vinculación de sus números telefónicos. La señal de cambio es contundente: al 19 de junio, solo 61.4 millones de líneas habían sido registradas de un universo de al menos 144 millones reconocidas por la autoridad, lo que deja más de 82 millones de líneas en riesgo de suspensión. Si se incorporan los operadores móviles virtuales, el universo total podría superar los 160 millones de líneas, ampliando aún más la brecha.

Entorno ha seguido de cerca la evolución de este proceso regulatorio, que expone las tensiones estructurales entre los plazos normativos y la capacidad operativa real del mercado. Durante meses, la CRT sostuvo que no habría prórrogas: en abril, la comisionada presidenta Norma Solano reafirmó el carácter definitivo del plazo, postura que fue reiterada por la directora general de Supervisión del Cumplimiento, Lourdes Margarita Santaolalla Fernández. El giro de postura refleja una realidad que organismos como la GSMA habían advertido desde el inicio: los tiempos planteados eran difíciles de cumplir en un mercado tan amplio y heterogéneo como el mexicano. Representantes del sector también señalaron que, aunque los operadores cuentan con capacidad técnica para ejecutar el registro, una desconexión masiva e inmediata resultaría operativamente inviable y tendría que implementarse de forma gradual.

Más allá del debate operativo, el caso abre una discusión de fondo sobre los límites del registro obligatorio como instrumento de política pública. Expertos constitucionalistas han señalado que suspender líneas móviles por falta de registro podría vulnerar el derecho de acceso a las telecomunicaciones, un derecho reconocido en la Constitución mexicana. A esto se suma una salida técnica ya prevista en la propia regulación: la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla un periodo adicional de regularización de 120 días para líneas no registradas a tiempo, y una interpretación reciente de la CRT permitiría considerar automáticamente registradas las líneas de pospago cuyos titulares ya fueron identificados al contratar el servicio, lo que podría incorporar de golpe más de 26 millones de líneas de los principales operadores. Para los estrategas del sector y los tomadores de decisiones en empresas con flotas móviles corporativas, el desenlace de este proceso marcará un precedente sobre cómo México gestiona la tensión entre seguridad, privacidad y acceso universal a la conectividad.