Registro celular obligatorio en México: señales de prórroga ante millones de líneas sin vincular
Ante la inminencia del plazo del 30 de junio para el registro obligatorio de líneas celulares en México, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) evalúa otorgar una prórroga de 120 días adicionales. La medida respondería a una brecha operativa crítica: al 19 de junio, solo 61.4 millones de líneas habían completado el proceso de vinculación, frente a las 144 millones de líneas activas reconocidas por la autoridad —y posiblemente hasta 160 millones si se incluye el universo completo de operadores móviles virtuales. Esto significa que más de 82 millones de números permanecen sin registro, una cifra que hace técnicamente inviable una desconexión masiva inmediata.
El cambio de postura institucional es significativo. Durante meses, la CRT sostuvo que el plazo del 30 de junio era definitivo. En abril, la comisionada presidenta Norma Solano lo reafirmó públicamente, y la directora general de Supervisión del Cumplimiento, Lourdes Margarita Santaolalla Fernández, descartó cualquier extensión. Sin embargo, la aceleración insuficiente del padrón —que a principios de junio apenas superaba los 52 millones de líneas— y las advertencias de organismos como la GSMA sobre la complejidad del mercado mexicano terminaron por modificar el cálculo regulatorio. Representantes del sector señalan que, aunque los operadores tienen capacidad técnica para ejecutar el corte, la desconexión tendría que implementarse de forma gradual por la magnitud operativa del proceso.
Desde Entorno se ha dado seguimiento a este proceso regulatorio, que tiene implicaciones directas para millones de usuarios y para la arquitectura de gobernanza del espectro en México. Parte de la solución ya estaba contemplada en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que incluye un periodo de regularización de 120 días para líneas que no completen el registro a tiempo. A esto se suma una interpretación reciente de la CRT que permitiría considerar automáticamente registradas las líneas de pospago cuyos titulares ya fueron identificados al contratar el servicio, lo que podría incorporar más de 26 millones de líneas de los principales operadores. No obstante, el debate trasciende lo operativo: expertos constitucionalistas advierten que suspender el acceso a telecomunicaciones por falta de registro podría vulnerar derechos fundamentales reconocidos en la legislación mexicana, un frente jurídico que la autoridad deberá atender en paralelo a la gestión del padrón.
