Transporte público en Morelos sube a 13 pesos: costos operativos y modernización detrás del ajuste

El gobierno estatal formaliza el incremento tarifario más significativo desde 2021, con obligaciones de accesibilidad y transformación tecnológica para los concesionarios

Morelos oficializó un incremento en la tarifa del transporte público con itinerario fijo que entrará en vigor el 1 de julio de 2026. A partir de esa fecha, los usuarios pagarán 13 pesos por viaje, tres pesos más que la tarifa vigente de 10 pesos establecida en 2021. La medida fue publicada en la edición extraordinaria del Periódico Oficial Tierra y Libertad e incluye, además del ajuste tarifario, un conjunto de obligaciones de modernización, seguridad vial y accesibilidad para los operadores del sistema.

Según el decreto, la Coordinación General de Movilidad y Transporte sustenta el ajuste en el encarecimiento acumulado de insumos críticos: combustibles, lubricantes, neumáticos, refacciones, mantenimiento, seguros y servicios tecnológicos. A esto se suman los incrementos al salario mínimo y la inflación registrada entre 2022 y 2026, factores que han deteriorado la estructura financiera de los concesionarios. El acuerdo advierte que la ausencia de un ajuste habría comprometido la sostenibilidad del sistema y su capacidad para cumplir estándares de seguridad. Aunque el sector transportista solicitó una tarifa mínima de 15 pesos, el análisis gubernamental descartó esa cifra por su impacto social en las familias morelenses que dependen del transporte colectivo como medio principal de movilidad.

Entorno reporta que el decreto también establece beneficios obligatorios para grupos prioritarios. Los concesionarios deberán garantizar exención total del pago a niños menores de tres años y personas con discapacidad, descuento del 50 por ciento para adultos mayores, y subsidios para estudiantes conforme a la normativa vigente. Las unidades deberán exhibir de forma visible la tarifa autorizada y los descuentos aplicables. Este esquema de tarifas diferenciadas refleja una tendencia creciente en las políticas de movilidad urbana en México: equilibrar la viabilidad financiera del servicio con criterios de equidad social, un reto que enfrentan también otras entidades federativas ante la presión inflacionaria sobre los costos operativos del transporte público.