Tarifas de taxi en el AICM: entre el anuncio oficial y la negativa de los concesionarios

Las autoridades federales y aeroportuarias aseguran que los pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pagarán menos por el servicio de taxi, pero las empresas concesionarias que operan en el recinto desmintieron categóricamente la existencia de cualquier acuerdo en ese sentido. Nueva Imagen, Porto Taxi y Sitio 300 emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron las afirmaciones del gobierno y subrayaron que no se han presentado propuestas formales para reducir tarifas a cambio de beneficios administrativos o económicos. Para los estrategas de movilidad urbana y los operadores de infraestructura aeroportuaria, este conflicto ilustra una tensión estructural recurrente: la brecha entre los anuncios de política pública y los acuerdos contractuales verificables. Desde la perspectiva de los permisionarios, el núcleo del desacuerdo radica en la naturaleza de los recursos mencionados por el Grupo Aeroportuario Marina. Los transportistas argumentan que los beneficios económicos citados por la autoridad corresponden a ajustes por cobros indebidos y compensaciones temporales derivadas de las obras en curso en el aeropuerto, no a subsidios ni a reducciones estructurales en el costo del transporte terrestre. En ese marco, exigieron la divulgación de minutas, acuerdos y documentos oficiales que acrediten la participación de sus representantes en reuniones donde supuestamente se pactaron las bajas tarifarias. La demanda de transparencia documental es, en sí misma, una señal de que el proceso de negociación —si existió— careció de los mecanismos formales que dan certeza jurídica a este tipo de acuerdos en sectores regulados. Más allá del diferendo tarifario, los concesionarios ampliaron el debate hacia la política integral de costos en el aeropuerto. Cuestionaron que la presión pública se dirija exclusivamente al autotransporte, mientras aerolíneas, restaurantes, estacionamientos y comercios ubicados en las terminales quedan fuera del escrutinio. Este argumento tiene relevancia estratégica: según datos del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), los ingresos no aeronáuticos —tiendas, alimentos y servicios terrestres— representan en promedio entre el 40% y el 60% del ingreso total de los aeropuertos de alto tráfico en América Latina. Focalizar la reducción de costos únicamente en el transporte terrestre, sin una revisión sistémica de la cadena de valor del viajero, difícilmente produce un impacto perceptible en la experiencia del pasajero. Para los líderes corporativos que gestionan flotas de viaje de negocios o diseñan políticas de movilidad para sus organizaciones, el resultado práctico es el que importa: según el seguimiento de Entorno, las tarifas de taxi en el AICM permanecen sin cambios.

