Colombia elimina costos de inscripción y grado en universidades públicas para grupos vulnerables
El Decreto 0616 amplía la política de gratuidad educativa a jóvenes de 14 a 28 años en situación de vulnerabilidad, consolidando un modelo de acceso que ya beneficia a cerca de un millón de estudiantes en el país.

Colombia da un paso estructural en su política de educación superior con la implementación del Decreto 0616, que elimina los costos de inscripción y derechos de grado en universidades públicas para jóvenes de entre 14 y 28 años pertenecientes a poblaciones vulnerables. La medida, impulsada por el Ministerio de Educación Nacional, apunta a desmantelar barreras económicas que históricamente han limitado el acceso a la formación universitaria en sectores como comunidades étnicas, poblaciones campesinas, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y quienes se ubican en los grupos A, B o C del Sisbén IV.
Entorno reporta que esta iniciativa se articula con la política de gratuidad en matrícula de pregrado que ya opera en el sistema público colombiano y que actualmente cubre a cerca de un millón de estudiantes. Bajo el nuevo decreto, el Ministerio asumirá el costo de hasta tres derechos de inscripción por aspirante, quienes deberán postularse en línea durante los periodos habilitados. El sistema validará la información mediante bases de datos oficiales y notificará los resultados al correo registrado. Es relevante precisar que la gratuidad cubre el trámite de inscripción, pero no garantiza la admisión, que continuará rigiéndose por los criterios propios de cada institución.
En cuanto a los derechos de grado, el decreto también elimina este costo para estudiantes de instituciones públicas en condición de vulnerabilidad, con una implementación progresiva sujeta a disponibilidad presupuestal y priorización según nivel de vulnerabilidad socioeconómica y brechas territoriales. Para los estrategas de política pública y los actores del ecosistema educativo, esta señal es relevante: Colombia avanza hacia un modelo donde el financiamiento estatal absorbe los costos de acceso y egreso, lo que previsiblemente incrementará el volumen de postulaciones y diversificará el perfil socioeconómico de los aspirantes a la educación superior pública en los próximos ciclos académicos.


