Crisis financiera en la red hospitalaria pública de Bogotá por deuda acumulada de aseguradoras

La cartera de las EPS con las subredes de salud de la capital creció 142% desde 2023 y supera los $417.000 millones, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema público

Cinco solicitudes de intervención ante la Superintendencia Nacional de Salud ha elevado la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá ante el crecimiento sostenido de la deuda que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) mantienen con las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud de la capital. A abril de 2026, esa cartera alcanzó los $417.189 millones, un incremento del 142% frente a los $172.475 millones registrados en 2023, según cifras oficiales del Distrito. La trayectoria es inequívoca: $220.518 millones en 2024, $349.385 millones en 2025 y el récord actual en 2026, lo que descarta cualquier lectura de rezago coyuntural y apunta a una acumulación estructural con efectos directos sobre la liquidez hospitalaria.

Entorno ha documentado que el secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont, alertó públicamente que los pagos recibidos por las subredes no alcanzan el 30% de lo facturado, mientras la red pública continúa obligada a prestar servicios de urgencias, hospitalización y atención de mediana y alta complejidad a los usuarios afiliados a las EPS intervenidas. Entre las entidades con mayor crecimiento de cartera destaca Nueva EPS, con un aumento del 282% entre 2023 y abril de 2026. Proteger EPS, Capresoca, Famisanar, Dusakawi EPSI, Asmet Salud y Coosalud también registran incrementos significativos, mientras que Nueva EPS y Famisanar concentran los mayores saldos absolutos pendientes de pago.

Agrava el panorama el resultado de las mesas de trabajo realizadas en mayo de 2026, donde varias Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) se negaron a firmar acuerdos de pago por la totalidad de sus obligaciones con las subredes. Para los directivos del sector salud y los tomadores de decisión en política pública, la situación plantea una pregunta de fondo: si el modelo de aseguramiento no garantiza el flujo de recursos hacia los prestadores públicos, la viabilidad financiera de la red hospitalaria distrital queda expuesta a un riesgo sistémico que ningún ajuste tarifario o medida administrativa parcial podrá contener sin una intervención regulatoria de mayor alcance.