Implementación gradual de gratificaciones en sector público: del 10% al 100% en cinco años

Gobierno peruano establece fórmula de progresividad para equiparar beneficios de trabajadores CAS con sector privado

Implementación de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para trabajadores bajo régimen CAS avanza con una estrategia de progresividad que se extenderá hasta 2030. El Ministerio de Economía y Finanzas elabora un decreto supremo que regulará el pago escalonado de estos beneficios, partiendo de un 10% de la…

Implementación de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para trabajadores bajo régimen CAS avanza con una estrategia de progresividad que se extenderá hasta 2030. El Ministerio de Economía y Finanzas elabora un decreto supremo que regulará el pago escalonado de estos beneficios, partiendo de un 10% de la remuneración mensual en el año fiscal 2026 hasta alcanzar el 100% a partir de 2030.

La Ley 32563, recientemente promulgada en el marco de la Ley de crédito suplementario que asigna S/4.160 millones para financiar inversiones públicas y garantizar continuidad de servicios estatales, establece que gratificaciones y CTS para trabajadores CAS equivaldrán al 100% de la remuneración, similar a lo aplicado en el sector privado. Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por una implementación gradual: 10% en 2026, 20% en 2027, 30% en 2028, 50% en 2029 y 100% a partir de 2030. Esta fórmula aplica a gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como a gratificaciones truncas y proporcionales.

La estructura de cálculo incluye un piso mínimo de S/300, lo que significa que trabajadores con sueldos superiores recibirán el monto mínimo establecido en lugar del porcentaje correspondiente cuando este sea menor. Para la gratificación por Fiestas Patrias de julio de 2026, solo se considerarán meses completos de servicios efectivamente prestados desde la implementación de la ley. El decreto supremo estará sujeto a disponibilidad presupuestaria y reglas fiscales vigentes, lo que introduce un factor de incertidumbre en el cronograma de desembolsos.

La medida responde a demandas de trabajadores CAS que han manifestado públicamente la necesidad de equiparación de beneficios con el sector privado. Grupos de trabajadores han realizado concentraciones exigiendo el pago completo de CTS y 100% de gratificaciones, argumentando que la implementación gradual perpetúa desigualdades en el trato laboral. Desde la perspectiva de política fiscal, la progresividad permite al Estado distribuir el impacto presupuestario en cinco años, evitando un gasto concentrado que podría comprometer otras prioridades de inversión pública o servicios estatales. Esta estrategia de implementación gradual se alinea con ciclos presupuestarios multianuales y refleja tensiones recurrentes en América Latina entre derechos laborales y restricciones fiscales.