Acceso a salud pública: cómo los gobiernos latinoamericanos rediseñan derechos de migrantes

Argentina implementa cobros a extranjeros sin residencia permanente, marcando un giro en políticas históricamente inclusivas

Gobiernos de América Latina enfrentan una tensión creciente entre sostenibilidad fiscal y derechos de acceso a servicios públicos. Argentina ha implementado una medida que obliga a extranjeros sin residencia permanente a pagar por atención en hospitales públicos, incluyendo emergencias y consultas programadas. Esta resolución afecta tanto a turistas como a…

Gobiernos de América Latina enfrentan una tensión creciente entre sostenibilidad fiscal y derechos de acceso a servicios públicos. Argentina ha implementado una medida que obliga a extranjeros sin residencia permanente a pagar por atención en hospitales públicos, incluyendo emergencias y consultas programadas. Esta resolución afecta tanto a turistas como a personas en proceso de regularización migratoria, alterando un modelo que históricamente garantizaba cobertura universal independientemente del estatus migratorio.

Roberto Aruj, director del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, ha señalado que tales medidas contrastan con marcos legales como la ley 25871 de 2003, que garantiza derechos plenos a extranjeros que desean establecerse en el país. El proceso de regularización en Argentina requiere dos años de residencia precaria antes de acceder a residencia permanente. Durante este período, los beneficiarios trabajan y contribuyen con impuestos, pero bajo la nueva normativa, deben financiar su propia atención sanitaria. Aruj ha comparado esta situación con sistemas de países donde la salud es pública y la legislación garantiza cobertura a quienes residen y contribuyen, incluso en proceso de regularización.

Las zonas fronterizas presentan complejidades adicionales. La circulación constante de personas entre países genera situaciones donde extranjeros cruzan fronteras para recibir atención médica. Provincias como Salta ya implementan cobros diferenciados, argumentando reciprocidad: ciudadanos argentinos han reportado pagar por atención en países vecinos, mientras que históricamente Argentina no aplicaba tal requisito. Sin embargo, Aruj subraya que no existen datos que demuestren un flujo masivo de extranjeros buscando atención en hospitales públicos argentinos, sugiriendo que la medida responde más a demandas políticas que a presiones económicas verificables.

Esta tendencia tiene implicaciones para toda la región. Gobiernos de México, Colombia, Chile y otros países enfrentan presiones similares: equilibrar inclusión migratoria con sostenibilidad fiscal. La decisión argentina podría influir en cómo otros gobiernos latinoamericanos diseñan políticas de acceso a servicios públicos, especialmente en contextos de migración intra-regional. La pregunta de fondo no es solo económica, sino política: qué tipo de sociedades desean construir los gobiernos cuando definen quién accede a derechos básicos durante procesos de integración.