Cortes definen si directivos de empresas con capital estatal son funcionarios públicos

Caso de sobornos en seguridad aeroportuaria abre debate sobre responsabilidad penal en empresas mixtas

Instancias judiciales de alto nivel enfrentan una pregunta central sobre gobernanza corporativa y responsabilidad penal: ¿cuándo un directivo de una empresa con participación estatal debe ser considerado funcionario público? Esta cuestión, lejos de ser académica, determina si aplican delitos como cohecho y negociaciones incompatibles en investigaciones sobre corrupción. Una multinacional…

Instancias judiciales de alto nivel enfrentan una pregunta central sobre gobernanza corporativa y responsabilidad penal: ¿cuándo un directivo de una empresa con participación estatal debe ser considerado funcionario público? Esta cuestión, lejos de ser académica, determina si aplican delitos como cohecho y negociaciones incompatibles en investigaciones sobre corrupción.

Una multinacional de seguridad y vigilancia reveló en 2019 mediante auditoría interna que su filial había pagado sobornos a funcionarios desde al menos 2013 para asegurar contratos con entidades estatales y cobrar deudas por servicios anteriores. La empresa se autodenunció en febrero de 2020, marcando un punto de inflexión. Sin embargo, la defensa de los acusados argumentó que los directivos de la empresa operadora de aeropuertos no revisten calidad de funcionarios públicos, por lo que los delitos alegados no serían aplicables. Una jueza federal de primera instancia desestimó esta defensa, sosteniendo que los directivos desempeñan funciones públicas al gestionar la explotación y administración de aeropuertos, servicio esencial para la comunidad. También rechazó la extinción de la acción penal, argumentando que la prescripción se suspende cuando están involucrados individuos en cargos públicos.

La apelación ante una cámara federal revocó la decisión inicial, considerando que la empresa operadora es una sociedad anónima privada con participación estatal minoritaria. Esto devolvió la causa a primera instancia para nuevo análisis. El Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de casación que fue denegado inicialmente, pero una sala de casación penal admitió el recurso de queja de la fiscalía. Esta instancia superior será determinante para el futuro de la investigación y establecerá precedente sobre cómo se define la responsabilidad penal en estructuras empresariales híbridas, donde el Estado tiene participación accionaria pero no control mayoritario.

La resolución tendrá implicaciones amplias en la región. Organismos como registros nacionales, empresas de servicios públicos y diversas instancias policiales están involucrados en investigaciones similares sobre pagos irregulares. El fallo definirá si directivos de empresas con capital estatal pueden ser procesados bajo normas de funcionarios públicos, lo que afectará significativamente cómo se persigue la corrupción en sectores estratégicos donde coexisten actores públicos y privados.