Gobiernos urbanos en América Latina están rediseñando sus tablas de infracciones de tránsito con un enfoque que prioriza la proporcionalidad sobre la recaudación. Este cambio responde a un debate más amplio sobre la efectividad de las sanciones monetarias como mecanismo de cumplimiento normativo en transporte público.
Procesos de consulta pública abren espacios para que operadores, especialistas y ciudadanía contribuyan a la revisión integral de códigos de infracción. Estos ajustes abarcan tanto servicios de transporte regular como especial, incluyendo taxis y transporte turístico. Los principios que guían estas reformas enfatizan la razonabilidad y proporcionalidad, considerando la gravedad de cada falta. En casos específicos, se ha observado una reducción progresiva de sanciones: multas que alcanzaban cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT) han bajado a dos, y en algunos casos se propone limitarlas a una sola UIT para infracciones de transporte informal.
La estrategia regulatoria ha evolucionado más allá de sanciones monetarias. Medidas como el internamiento vehicular en casos graves se han convertido en herramientas clave para garantizar cumplimiento, especialmente cuando operadores acumulan múltiples infracciones sin cesar operaciones. Esta combinación de sanciones graduadas y medidas coercitivas refleja un entendimiento de que la disuasión efectiva requiere múltiples mecanismos, no solo multas elevadas.
Para directivos de transporte y autoridades regulatorias, estos cambios señalan una tendencia hacia marcos normativos más sofisticados que distinguen entre tipos de infracciones y operadores. La implementación de sistemas integrados de transporte urbano depende cada vez más de regulaciones que sean percibidas como justas y proporcionales, mejorando la legitimidad del cumplimiento normativo. Este enfoque tiene implicaciones directas en la formalización del sector, la reducción de informalidad y la construcción de confianza entre autoridades y operadores de transporte.
