Gobiernos urbanos en América Latina están reconfigurando sus tablas de infracciones de tránsito, adoptando un enfoque que prioriza la proporcionalidad sobre la mera recaudación. Este cambio se enmarca dentro de un debate más amplio sobre la efectividad de las sanciones monetarias como mecanismo de cumplimiento normativo en el transporte público, cuestionando un modelo que durante décadas utilizó multas elevadas como principal herramienta disuasiva.
Procesos de consulta pública han permitido que operadores, especialistas y ciudadanos participen activamente en la revisión integral de códigos de infracción. Estas modificaciones abarcan servicios de transporte regular y especial, incluyendo taxis y transporte turístico. Los principios que guían estas reformas se centran en la razonabilidad y proporcionalidad, evaluando la gravedad de cada falta. En varios casos se ha implementado una reducción significativa en sanciones: multas que antes alcanzaban cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT) han disminuido a dos, y en ciertas situaciones se plantea limitarlas a una sola UIT para infracciones relacionadas con el transporte informal. Este reajuste refleja un reconocimiento de que sanciones desproporcionadas generan resistencia regulatoria y erosionan la legitimidad institucional.
La estrategia regulatoria ha evolucionado significativamente. Las sanciones monetarias han dejado de ser la única herramienta disponible, y medidas como el internamiento vehicular en casos graves se han convertido en instrumentos clave para asegurar cumplimiento, especialmente cuando operadores acumulan múltiples infracciones sin detener operaciones. Esta combinación de sanciones graduadas y medidas coercitivas refleja un entendimiento de que disuasión efectiva requiere implementación de múltiples mecanismos. Investigaciones sobre comportamiento regulatorio sugieren que la certeza de sanción importa más que su magnitud, lo que justifica este giro hacia sistemas más complejos y diferenciados.
Para directivos de transporte y autoridades regulatorias, estos cambios indican una tendencia hacia marcos normativos más sofisticados que distinguen entre diferentes tipos de infracciones y perfiles de operadores. La implementación de sistemas integrados de transporte urbano dependerá cada vez más de regulaciones percibidas como justas y proporcionales, mejorando legitimidad del cumplimiento normativo. Este enfoque tiene implicaciones directas en formalización del sector, reducción de informalidad y fortalecimiento de confianza entre autoridades y operadores. Ciudades que han adoptado este modelo reportan mejoras en cumplimiento voluntario y reducción de litigios administrativos, señalando que la sofisticación regulatoria genera mejor gobernanza que la severidad pura.
