Medir cómo las personas distribuyen su tiempo entre trabajo remunerado, tareas domésticas, cuidado y ocio se ha convertido en una prioridad estratégica para administraciones públicas en América Latina que buscan visibilizar la economía invisible. Guatemala iniciará en septiembre un operativo integral, desplegando cerca de cien encuestadores en 11,200 hogares seleccionados mediante métodos probabilísticos y estratificados, en lo que representa el primer esfuerzo exhaustivo y dedicado del país en este tema.
Este tipo de encuestas nacionales de uso del tiempo responde a una necesidad creciente en la región: cuantificar el aporte económico y social de actividades que generalmente no reciben remuneración. Análisis de organismos internacionales indican que el trabajo doméstico y de cuidados representa entre el 10% y el 16% del PIB en las economías latinoamericanas, pero permanece invisible en las mediciones tradicionales de empleo. La encuesta recopilará datos sobre el tiempo dedicado a trabajo remunerado, producción para autoconsumo, labores domésticas, cuidado de menores y personas mayores, estudios, recreación y voluntariado. Esta información permitirá identificar variaciones significativas según sexo, edad y geografía, revelando patrones de desigualdad en la distribución del trabajo no remunerado, que típicamente recae sobre las mujeres.
Aunque Guatemala ha realizado módulos previos sobre este tema en investigaciones como la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) y la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua (ENEIC), países como México, Colombia y Chile han implementado encuestas similares en años recientes, generando datos que han informado políticas de licencia parental, subsidios de cuidado y redistribución de cargas laborales. Los resultados de Guatemala serán fundamentales para diseñar políticas públicas en empleo, desarrollo socioeconómico y sistemas de cuidados basadas en evidencia.
Desde una perspectiva de transformación institucional, estas encuestas representan un cambio en cómo los gobiernos conceptualizan la productividad y el bienestar. Al reconocer el trabajo no remunerado como parte del sistema económico, las administraciones pueden diseñar intervenciones más precisas, que van desde la infraestructura de cuidados hasta ajustes en los sistemas tributarios y de pensiones. Para los estrategas de política pública, estos datos se convierten en herramientas esenciales para evaluar el impacto real de programas sociales y detectar brechas de género que afectan tanto la participación laboral como la acumulación de capital humano en las generaciones futuras.
